Desde la perspectiva de un número creciente de universitarios, las estructuras de gobierno de la UNAM están rebasadas, a 62 años de su diseño original.

Así, la democratización de la máxima casa de estudios dejó de ser una demanda exclusiva de los grupos de izquierda de la institución para permear en otros grupos de centro y derecha, que observan la necesidad de abrir más espacios a la discusión como una urgencia innegable.

El diagnóstico hecho por órganos de gobierno como los consejos Técnicos e Internos de la UNAM admite la existencia de un reclamo constante de académicos y estudiantes por mayores espacios no sólo de expresión, sino de decisión sobre el rumbo de la universidad.

Una de esas demandas consiste en abrir las consejerías técnicas y universitarias a estudiantes y maestros, para evitar que el peso de las decisiones se quede en los directores, cuya unión frecuente en torno de las decisiones de la autoridad central es conocida como “la aplanadora”.

Eso sucedió, por ejemplo, en 1999, cuando todos los directores de escuelas y facultades, institutos y centros de investigación respaldaron la propuesta del rector Francisco Barnés para aumentar las cuotas escolares, lo que desembocó en al conflicto estudiantil más largo de la institución.

A diez años de esos sucesos se ha evidenciado que no todos los directores estaban de acuerdo; de ahí que se habla de la necesidad de dar equilibrio al poder de los directores, esquema que se reproduce en los consejos técnicos.

Los académicos también hablan de la necesidad de mejorar la estructura de los campus; el diagnóstico de las autoridades universitarias habla de la “pertinencia de impulsar una revisión a fondo del Estatuto General de la Universidad para lograr una descentralización de la toma de decisiones, que otorgue mayor autonomía a las unidades, sin que ello signifique separación o desmembramiento de sus partes”.