Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados aprobaron una amplia reforma que busca combatir a la delincuencia organizada, mediante procedimientos más ágiles para realizar cateos.

La reforma aprobada y que será presentada al pleno de San Lázaro este martes, también planea liberar órdenes de aprehensión, arraigar a detenidos e ingresar a domicilios sin orden de cateo, ante delitos flagrantes.

Asimismo, incluye la figura de "jueces de control" que estarán encargados, incluso de manera oral, de la resolución rápida de las solicitudes ministeriales de cateos, arraigos, intervenciones de comunicaciones privadas, órdenes de aprehensión y realizar las audiencias preliminares en el juicio.

De acuerdo con el dictamen, se prohibirá que los sentenciados por delitos de delincuencia organizada puedan compurgar sus penas en centros penitenciarios cercanos a su domicilio, y se contemplan restricciones a las comunicaciones de esos internos con terceros, salvo su defensor.

Sobre las órdenes de aprehensión, se reducen los requisitos para su emisión por un juez, ya que con la existencia del hecho previsto en la ley penal y la probable participación del imputado en el hecho "y no ya la acreditación del cuerpo del delito" ni tampoco la probable responsabilidad del inculpado.

En cuanto al tema del arraigo, el dictamen establece una reforma constitucional para incluir dicha figura en la Carta Magna "exclusivamente para casos de delincuencia organizada", donde el juez fijará el lugar y las condiciones de su ejecución.

Ante el aumento del lavado de dinero y el blanqueo de fondos provenientes de actividades como el narcotráfico, se plantea que el procurador general de la República pueda acceder de forma inmediata a información clasificada fiscal, financiera, fiduciaria, bursátil y electoral, cuando se trate de investigaciones contra la delincuencia organizada.

La reforma constitucional en materia de justicia prevé que las ordenes de cateo se otorguen ya no sólo por escrito, ya que los jueces de control podrán resolver de forma inmediata sobre dichas solicitudes y se "visualiza que pueda ser de forma oral en beneficio de la eficacia de las autoridades en la materia".

Asimismo, se establece la posibilidad de que policías y ministerios públicos puedan de ingresar a domicilios particulares sin orden judicial, cuando se trate de delitos flagrantes con fines de auxilio a las víctimas o la detención de un delincuente.

La reforma contempla un apartado de "derechos de las víctimas", donde se incluye el resguardo de su identidad cuando se trate de menores de edad, víctimas de violación, secuestro, delincuencia organizada o cuando el juez lo estime necesario para su protección.

También se incluye la figura de extinción del dominio de bienes a las organizaciones y grupos delictivos en casos en que aún cuando no se haya dictado sentencia se determine la responsabilidad penal, sean usados para la comisión de un delito por un tercero o cuando existan elementos de que son producto de ilícitos patrimoniales.

Entre las definiciones que incluye la reforma se encuentra el de "delincuencia organizada", que se entiende por "una organización de hecho de tres personas o más para cometer delitos en forma permanente o reiterada".

mvg