GINEBRA.— Suiza envió a Argentina el pasado 29 de octubre los documentos bancarios relacionados con el caso de corrupción en el que están implicados presuntamente del grupo francés Thales y el ex presidente Carlos Menem, confirmó ayer un portavoz.
Folco Gali, portavoz de la Oficina Federal de Justicia, dijo que la transmisión de la información se hizo en cumplimiento de cuatro sentencias del Tribunal Penal Federal, que rechazó otros tantos recursos en contra.
“Las decisiones en contra de los recursos para que no se enviaran los datos bancarios fueron emitidas el pasado 11 de septiembre, y los documentos han sido enviados el 29 de octubre”, dijo el portavoz.
El Tribunal Penal Federal respondió así una comisión rogatoria del juez de instrucción del cantón de Ginebra Jean-Bernard Schmid, encargado de este caso y partidario de transmitir los documentos.
La decisión final ha tenido que superar varios recursos de apelación presentados por empresas propietarias de cuentas secretas vinculados con el caso.
El pasado marzo, un juez argentino procesó al ex presidente Menem por presuntas irregularidades en un contrato de concesión del espacio radioeléctrico a la empresa francesa Thales Spectrum, en 1997.
El juez Norberto Oyarbide ordenó, además, un embargo de 200 millones de pesos (54.5 millones de dólares) sobre los bienes del ex mandatario (1989-1999), que fue procesado por el delito de administración infiel.
Antes, la Cámara Federal de Buenos Aires confirmó por ese caso los procesamientos del ex secretario de Comunicaciones Germán Kammerath y de una decena de ex funcionarios y directivos de la compañía francesa.
Entre ellos están Alejandro Cima, ex número dos de la Secretaría de Comunicaciones, el ex presidente de la Comisión Nacional de Comunicaciones Roberto Catalán y los ex vicepresidentes de ese organismo Roberto Uanini y Hugo Zothner.
También están procesados Jorge Justo Neuss, titular de la firma Thales Spectrum International y accionista mayoritario de la filial argentina; el francés Jean Nicolás Rostan D’Ancesune West, directivo de la empresa, y Juan Carlos Casagne, titular de la filial argentina.
La investigación del caso se inició en abril de 2004, a partir de las declaraciones de un directivo de una empresa suiza que dijo haber intervenido en el pago de sobornos al gobierno de Menem por unos 25 millones de dólares.
