MADRID.- La propuesta electoral del opositor Partido Popular (PP) de obligar a los extranjeros que lleguen a España a firmar un “contrato de integración” desató ayer una dura polémica en el país y convirtió a la inmigración en un frente de batalla adicional de cara a los comicios del próximo 9 de marzo.

Las críticas desde el gobierno, organizaciones no gubernamentales (ONG), colectivos de inmigrantes o sindicatos no se hicieron esperar. La tónica de la censura es la misma: la propuesta discrimina a los inmigrantes, además de vincular inmigración y delincuencia.

Asimismo, los detractores de la iniciativa hacen hincapié en que los derechos y deberes de los inmigrantes en España ya están recogidos en las leyes. Así lo manifestó también el presidente del gobierno y candidato socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, para quien la propuesta del líder del PP, Mariano Rajoy, es “superflua”.

Desde el PSOE o Izquierda Unida (IU) además acusan al PP de buscar con esta propuesta los votos de la extrema derecha.

La medida que quiere aplicar el dirigente del PP en caso de ganar las elecciones supondría que los inmigrantes de países no pertenecientes a la Unión Europea (UE) que deseen renovar sus permisos iniciales de residencia deberían comprometerse en un contrato “de valor jurídico” a cumplir varias obligaciones.

Éstas incluyen “cumplir las leyes, respetar las costumbres de los españoles, aprender la lengua, pagar sus impuestos, trabajar activamente para integrarse en la sociedad española y regresar a su país si durante un tiempo no encuentran empleo”.

Entre las “costumbres” a respetar que menciona Rajoy están la igualdad entre hombre y mujer o la prohibición de la ablación femenina, pero fuentes del PP citadas por la prensa también incluyen “la higiene”.

Además, el líder de la oposición quiere que sean expulsados del país los extranjeros que cometan un delito, aunque tengan permiso de residencia, y que se endurezcan las condiciones que permiten la reagrupación familiar, que en sus palabras “no puede prolongarse hasta el infinito”.

A cambio de ese contrato, el gobierno español otorgaría al trabajador extranjero los mismos derechos y prestaciones que a un español, le ayudaría en su integración y respetaría sus creencias y costumbres, “siempre y cuando éstas no sean contrarias a las leyes españolas”.

Para su propuesta, Rajoy se basa en el modelo aplicado en Francia y que contribuyó a que Nicolas Sarkozy ganara las elecciones presidenciales en ese país.