DALLAS.- Autoridades carcelarias de Texas presentaron un plan de 66 millones de dólares para reforzar la seguridad en las prisiones estatales, después que fueron encontrados cientos de teléfonos celulares metidos de contrabando a los penales.

El plan, fue presentado en Austin en la reunión de la Junta de Justicia Criminal de Texas e incluiría la colocación de marcos detectores de metal y aparatos de rayos X para la revisión de paquetes y mensajería en las 112 prisiones de la entidad.

La propuesta contempla también la colocación de cámaras de video en las 19 prisiones de máxima seguridad, incluyendo la Unidad Carcelaria Polunsky, donde se ubica el pabellón de la muerte que alberga a los más de 300 reos sentenciados al castigo capital.

En ese pabellón, considerado el sitio de más seguridad de todo el sistema penitenciario de Texas, fueron localizados 16 teléfonos celulares introducidos de contrabando en el último mes.

El director ejecutivo del Departamento de Justicia Criminal de Texas, Brad Livingston, dijo que se buscará obtener los fondos en forma inmediata, mediante una aprobación especial de las autoridades estatales, en vez de esperar la aprobación legislativa el próximo año

'Tenemos la responsabilidad ante los texanos de detener esto, ahora mismo y aquí mismo', dijo Livingston a los nueve miembros de la Junta de Justicia Criminal, reunidos en un hotel de Austin.

Los fondos deberán ser aprobados tanto por la Oficina del Gobernador de Texas como por la Junta de Presupuesto Legislativo.

El contrabando de teléfonos celulares ha sido un viejo problema en las prisiones de Texas.

Sin embargo, el problema se convirtió en una fuerte preocupación hace seis semanas, cuando se descubrió que 10 reos en pena de muerte realizaron unas dos mil 800 llamadas desde un teléfono celular que fue ingresado de contrabando.

El reo propietario de ese teléfono, Richard Tabler, utilizó el aparato para realizar llamadas intimidatorias a un senador estatal y a varios reporteros.

Las autoridades comenzaron a investigar, luego de que el senador estatal John Whitmire denunció que estaba recibiendo llamadas de un prisionero condenado a la pena de muerte.

El gobernador de Texas, Rick Perry, ordenó entonces un operativo especial de búsqueda de contrabando en todas las cárceles de la entidad.

El operativo, que se prolongó por tres semanas, llevó a la localización de 289 teléfonos celulares y cargadores telefónicos.

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