El Congreso de Estados Unidos está en su derecho de condicionar los fondos de la Iniciativa Mérida, pero aún busca la forma de transmitir esos lineamientos a México, dijo hoy el subsecretario estadounidense Thomas Shannon.

El subsecretario de estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo a Notimex que a pesar de que la Iniciativa Mérida, persigue un objetivo conjunto para los gobiernos de México y Estados Unidos, el Congreso debe supervisar los recursos económicos.

"Nuestro Congreso tiene como parte de su autoridad el cuidar los fondos públicos y asegurar que esos fondos sean usados para el propósito para el que se piden, entonces ellos tienen dentro de la ley todo el derecho de condicionarlos.

Shannon ofreció una conferencia sobre el estado de las relaciones entre Estados Unidos con América Latina organizada por el Centro de Política Hemisférica de la Universidad de Miami.

'Lo importante es entender que la Inicitiva Mérida es un trabajo conjunto.

'Las condiciones existentes deben tener el propósito de promover el trabajo conjunto y reconocer que Estados Unidos y México tenemos desafíos compartidos, pero también responsabilidades compartidas', argumentó Shannon.

Agregó que Estados Unidos deberá reconocer que forma parte de la cadena que ha agravado el narcotráfico en México.

"Nosotros tenemos que reconocer que somos parte del problema... No es simplemente una cuestión de condicionar la asistencia en términos de la actuación de México.

'Si no también reconocer que nosotros siendo el mercado más grande de drogas y lavado de dinero tenemos que enfrentar esos problemas en nuestra sociedad, con México y los países de Centroamérica", sostuvo el funcionario.

La Iniciativa Mérida de ayuda para combatir el narcotráfico ha recibido críticas en el Congreso de México dado que las condiciones planteadas por Estados Unidos vulneran la soberanía del país.

Entre los condicionamientos se encuentra que México inicie reformas legales en su aparato judicial, y que las corporaciones

policíacas y el ejército sean supervisadas en materia de derechos humanos y corrupción.

Esos condicionamientos legislativos llevaron al secretario de Gobernación mexicano, Juan Camilo Mouriño, a calificar de "inaceptables" esas condiciones, pues "México no solicitó asistencia unilateral".

egc