México vive una situación terrible en el combate al crimen organizado, reacciona con políticas públicas negativas y no controla debidamente al Ejército, son las conclusiones a las que llega la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), en su informe publicado ayer.
“El ejército mexicano nunca ha estado subordinado al control democrático civil; con los abusos que practican se cometen se protegen unos a otros en su jurisdicción, por eso se han acumulado tantos abusos e impunidad hasta el día de hoy”, dijo a Excélsior en entrevista telefónica José Miguel Vivanco, director de HRW en la división para América.
En 2007 tuvimos en México acciones en las que operó el Ejército y se denunciaron desde violaciones hasta ejecuciones. “Estos crímenes no deben ser juzgados como faltas militares comunes, sino con un proceso penal común”, señaló el director.
HRW recordó el caso de cuatro menores violadas por los soldados en mayo así como la muerte de cinco miembros de una familia abatidos en un retén militar.
El sistema de justicia mexicano, señala el informe, “rutinariamente deja la tarea de investigar y procesar los abusos del Ejército” a la autoridad militar, la cual “carece de la independencia necesaria” y adolece de una “ausencia general de transparencia”.
Igualmente, HRW lamentó el cierre en marzo por parte del gobierno mexicano de la fiscalía especial que investigaba la guerra sucia de los años 60, 70 y 80, dejando en la “impunidad” los crímenes de esa época.
Otro agujero negro en cuanto a derechos humanos en México es la tortura, que sigue siendo un “problema generalizado” en el sistema judicial mexicano debido a “la aceptación por algunos jueces de pruebas obtenidas” torturando, agregó.
En las políticas adoptadas por los gobiernos, no se incorpora plenamente el concepto de derechos humanos. La llamada política de “mano dura” no hace un esfuerzo por mejorar los estándares de rendimiento de la fuerza pública, explicó Vivianco.
El mal uso de la fuerza es un problema común en la región de América Latina.
“Nuestra obligación se concentra en divulgar el informe, se esperan diversas reacciones por parte de los Estados” con México, se busca específicamente un diálogo constructivo con las autoridades.
Lo que hace HRW es exigir progresos, rendición de cuentas. Se busca que haya modificaciones en las prácticas de fuerza pública, concluye Vivanco.




