MAE SOT, Tailandia.— En la metrópoli desde donde ejerce el poder la Junta Militar de Myanmar (antigua Birmania) está vigente una prohibición vacacional, pero no porque el régimen quiera emplear hasta el último de sus hombres para asistir a los supervivientes del devastador ciclón que azotó el país, sino porque los funcionarios deben estar disponibles para organizar mañana el referéndum en el que se votará una nueva Constitución con la que los generales quieren cimentar su poder.

En tanto autoridades no gubernamentales de Myanmar estiman que las víctimas fatales del ciclón superarían las 100 mil, los medios de prensa del país, controlados por la Junta Militar, informaron que hay ya 22 mil 997 personas muertas y que 42 mil 19 figuran como desaparecidas.

La Junta Militar realiza una ferviente propaganda en la prensa estatal a favor de su proyecto, mientras en el delta del Irrawaddy los hinchados cadáveres dejados por el ciclón se amontonan aún desatendidos en los campos. Un millón de personas lucha por sobrevivir en estado de choque y los periódicos sólo hablan de actos electorales de los ministros.

“Democracia con disciplina floreciente”, se llama el proyecto de la junta. Con la nueva Constitución, la junta pretende asegurarse 25% de los asientos en el Parlamento y posiciones clave en el gobierno.

En este contexto, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidió a la Junta Militar posponer el referéndum constitucional del 10 de mayo ante el desastre que afecta a más de un millón de habitantes.

Suministros de la ONU comenzaron a llegar a Myanmar para ayudar a las víctimas del ciclón Nargis, el peor desastre natural que asuela al sudeste de Asia desde el tsunami de 2004.

En la sede de las Naciones Unidas, el subsecretario general John Holmes advirtió que se puede desatar una tragedia aún peor, si la ayuda que se necesita con desesperación no llega rápidamente.

Empero, no permitió el aterrizaje de aviones estadunidenses con provisiones de emergencia, además de demorar los trámites burocráticos para la concesión de visas a los equipos de la ONU, que desean entrar al país para cerciorarse de que la ayuda vaya directamente a las víctimas.