Para los bancos, sociedades financieras o tiendas departamentales es mucho más efectivo recuperar su cartera vencida a través de despachos de cobranza que de manera directa; mientras que el abogado, obtiene en promedio, ganancias de 20 por ciento sobre lo recuperado, la empresa de cobranza recibe 10 por ciento.

Sin importar la táctica que empleen estas empresas para recuperar los créditos son un negocio legal "cumplen una función de realizar la cobranza de las obligaciones de pago de quienes adquirieron un crédito", explicó en entrevista con Notimex el director general de Servicios Legales de la Condusef, Luis Alberto Amado Castro.

Sin embargo, entre la población surgió un rechazo hacia estos despachos por el hostigamiento en la forma de cobro, hecho que propició la creación de la Asociación de Profesionales en Cobranza y Servicios Jurídicos (Apcob), con autorregulación y ética.

Para hacer frente a estas molestias el 25 de septiembre el diputado local Alfredo Vinalay Mora, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) una iniciativa para tipificar como delito los abusos y amenazas en el cobro de deudas.

Donde además recogió la preocupación de quienes son acosados por los despachos jurídicos especializados en cobranzas.

"No se trata de que la gente deje de pagar, sino de evitar los abusos. Se amenaza no sólo al deudor, sino a los familiares, vecinos y compañeros de trabajo. Hay formas legales para cobrar", explicó en entrevista el legislador.

Agregó que en la Ciudad de México hay al menos 30 despachos de cobranza dedicadas a comprar la cartera vencida de negocios e instituciones.

De igual forma, indicó que hay una proliferación de casas prendarias, de empeño, de préstamo y comerciales, además de bancos, que utilizan los servicios de esos despachos para apremiar e intimidar a los creedores sin mandato judicial.

Tal ha sido el caso de Luis Enrique, quien detalla el acoso padecido "las llamadas por teléfono se repitieron durante la semana, todo el mes, con el mismo mensaje: "Estamos hablando del despacho MRS, representante legal de C&A Modas, para informarle que próximamente llevaremos a cabo la orden de embargo. Si hace caso
omiso, procederemos".

Lo peor es que la persona a la que buscan no vive en ese domicilio. "Les decimos que ya no vive aquí pero se molestan y programan sus llamadas telefónicas a las dos de la mañana, lo que más preocupa son las amenazas de embargo".

El legislador local confió en que la iniciativa se dictamine y se apruebe antes de diciembre de este año. Insistió en que no se trata de proteger "la cultura del no pago", sino de respetar la dignidad de los ciudadanos con deudas.

La iniciativa contempla una pena de tres meses a un año de prisión o de 90 a 360 días de multa en caso de que una persona amenace, por medio de escritos, a otro con el motivo del cobro de una deuda.

El director general de Servicios Legales de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef), Luis Alberto Amado, detalló que la cartera vencida actualmente es de ocho por ciento del total de poseedores de tarjetas.

Ante los actos ilegales de algunas empresas de cobranzas "como llamar a deshoras, dejar recados con menores de edad o con ancianos, amenazar con embargos o despidos del trabajo, así como colocar letreros en el barrio o casa del deudor, dijo que la Asociación de Profesionales en Cobranza y Servicios Jurídicos (Apcob) decidió
autorregularse.

Esa asociación firmó un convenio con la Condusef este año "para que el público se queje ante prácticas indebidas de cobranza. Si la empresa es asociada a la Apcob ésta le aplicará el código de ética y exigir que no continúen con la conducta individua. Puede hasta expulsarla de la asociación".

En cambio, dijo que si la empresa de cobranza no es de las asociadas, la Apcob o la Condusef podrían dirigirse a la institución de crédito para pedir no contratar a esas empresas por recurrir a actos de abuso.

eep