Primera de tres partes

Son inevitables las comparaciones entre salvamentos financieros. En Estados Unidos el salvataje es indispensable para resguardar el sistema de pagos y que los bancos puedan cumplir con sus obligaciones. En México la urgencia fue la misma: resguardar el sistema de pagos.

En la Unión Americana el rescate solicitado por el Tesoro guarda gran discrecionalidad para comprar cartera emproblemada, según las instituciones y sus condiciones particulares.

En México de igual manera se actuó con discrecionalidad. En Estados Unidos saldrá carísimo: 700 mil millones de dólares. Para nosotros también lo fue: 552 mil millones de pesos para 1998, aunque después creció el pasivo.

Pero existe una gran diferencia entre uno y otro rescate: el tiempo en que los respectivos Congresos se enteraron de esos rescates.

El plan estadunidense fue presentado por el presidente George W. Bush a tan sólo una semana de estallar la crisis y se espera que en la segunda semana el Congreso pueda aprobarlo. Fue afinado el 21 de septiembre y fue votado la siguiente semana, el 29 de septiembre.

En México la situación fue distinta. El salvamento bancario se concretó entre 1995 y 1996 mientras que el Congreso de la Unión supo de éste hasta marzo de 1998 cuando el ex presidente Ernesto Zedillo envió la iniciativa para convertir los pasivos bancarios en deuda pública.

El Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) permitió en México salvaguardar el sistema de pagos, evitar corridas de pánico entre los depositantes, y al igual de lo propuesto por el Tesoro de EU tuvo distintos tratamientos según las instituciones.

El gobierno federal avaló la compra de cartera emproblemada con pagarés del Fobaproa, pero debían convertirse en deuda pública soberana autorizada por el Congreso de la Unión.

Entre el Fobaproa con la banca comercial, así como otros programas tanto de rescate de deudores como fue el Acuerdo de Apoyo Inmediato a Deudores de la Banca (ADE), así como el saneamiento de los bancos de desarrollo, en marzo de 1998 el gobierno solicitaba asumir como deuda pública soberana el consolidado de 552 mil millones de pesos, alrededor de 67 mil millones de dólares de aquella época.

Mediante el Decreto por el que se expiden la Ley Federal del Fondo de Garantía de Depósitos (el Fogade) y la Ley de la Comisión de Recuperación de Bienes (el Corebi), en marzo de 1998, el gobierno daba a conocer el primer monto del salvamento.

En el Congreso el tema se politizó de inmediato. En julio de 1998 el PRD presentó su documento Fobaproa: El gran atentado contra la economía. Alternativas para impedirlo, donde exigía castigo a funcionarios y empresarios que incurrieron en malos manejos. En aquel entonces el presidente nacional del PRD, Andrés Manuel López Obrador, calificó de inconstitucional el pretender transformar los débitos de empresarios y banqueros en deuda pública.

El PAN, cuyo presidente nacional era Felipe Calderón, dio a conocer el 20 de agosto de 1998 el documento Propuestas de solución integral a la crisis bancaria. Allí se propuso crear un Instituto para el Seguro de Depósitos Bancarios, donde se integrara la recuperación de activos que a diferencia del PRI los recomendó por separado.

Los dos partidos de oposición PAN y PRD, así como sus presidentes de aquel momento, Calderón Hinojosa y López Obrador, avalaron auditorías para ver si el gobierno había comprado bien la cartera emproblemada a los bancos e instituciones financieras.

De igual manera como sucede en EU, en México vino una reestructuración total y profunda de la banca. Después del rescate financiero de las 18 instituciones reprivatizadas, sólo quedaron seis vivas: Bancomer, Banamex, Bital con HSBC, Inverlat con Scotiabank, Serfin con Santander y Banorte, que es la única que no pasó a manos foráneas.

Los demás fueron intervenidos, como sucedió con Cremi-Unión, Confía, Banpaís, entre muchos otros. O que fueron absorbidos por instituciones extranjeras.

En febrero de 1998 Zedillo decide abrir a capital extranjero los bancos mexicanos con el afán de capitalizarlos. Ello rompió la salvaguarda que había en el TLCAN, donde 25 por ciento del total del sistema bancario se mantenía en manos mexicanas, o bien donde uno en lo particular que tuviera seis por ciento debía tener mayoría de participación nacional.

El Fobaproa nació en 1990 en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari para contar con un seguro de depósito. Pero realmente vio la luz pública el 5 de septiembre de 1994 cuando el entonces secretario de Hacienda, Pedro Aspe, anunciaba la intervención del primer banco reprivatizado: Banco Unión.

El entonces secretario de Hacienda echó la culpa del quebranto de Banco Unión a la actividad de autopréstamos encabezada por su propietario, Carlos Cabal Peniche.

“Se presume que el señor se autoprestó”, diría Aspe, quien daba a conocer que la totalidad de los recursos del Fobaproa iban ayudar a los ahorradores de Banco Unión.

Sin embargo, Banco Unión era tan sólo la punta del iceberg que vendría un año más tarde tras el error de diciembre.