Asegura ministro de Energía que todos los venezolanos deben sentirse orgullosos por la decisión
CARACAS.- El gobierno venezolano aplaudió el martes la decisión de un juez británico de anular una orden a favor de la estadounidense Exxon Mobil que permitía congelar activos en el extranjero de la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) por 12 mil millones de dólares.
"Todos los venezolanos podemos sentirnos orgullosos de esta noticia y de la gestión de nuestro gobierno", dijo el ministro de Energía Rafael Ramírez en declaración divulgada por el canal estatal Venezolana de Televisión.
"Lo hemos hecho bien, con firmeza y convicción, en defensa de nuestros principios y de nuestra soberanía", indicó el ministro.
"Todo el país debe saber que la decisión es 100 por ciento a favor de los alegatos de la nación, es decir, que hemos derrotado a la Exxon Mobil", agregó.
Las razones de la sentencia del juez Paul Walker serán públicas el jueves en Londres, se informó.
Respecto al proceso judicial, Walker señaló que está de acuerdo con el alegato de que Inglaterra no tiene vinculación con el caso, uno de los principales argumentos de la defensa de la petrolera venezolana.
PDVSA no tiene bienes, filiales o cuentas bancarias en Gran Bretaña.
Exxon Mobil, con sede en Irving, Texas, está en medio de una batalla legal con el gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez luego de la nacionalización en mayo de 2007 de sus proyectos en Venezuela.
La compañía estadounidense pone en tela de juicio la nacionalización de uno de sus cuatro proyectos de petróleo pesado en la cuenca del Río Orinoco, uno de los yacimientos más ricos del mundo.
Exxon Mobil inició un juicio internacional contra PDVSA y obtuvo en enero una orden judicial para congelar activos de la corporación venezolana mientras se decide un juicio por la estatización del proyecto petrolero, afirmando que esta medida era necesaria para garantizar el pago de una millonaria indemnización.
La firma petrolera estadounidense se negó a modificar sus acuerdos operativos después de que el gobierno de Chávez cambió los términos del contrato.
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