Los ingenieros agrónomos y los investigadores de las universidades agrarias se perfilan como otro sector golpeado por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ya que con el pretexto de que habría que destinar más recursos a proyectos productivos que ayudarán a incrementar su producción, desaparecieron los programas de extensionismo y se congeló el presupuesto para investigación.

“Sentimos que el campo está descuidado, la asistencia técnica que iba de la mano con el campesino productor ya no existe, queremos que se hagan programas como se hacían antes, el gobierno ha dejado la asistencia técnica, pero no piensan que el agrónomo era antes un líder de la comunidad que ayudaba a gestionar y operar el crédito, asesorarlos en asuntos agrarios”, observó Arturo Villarino, presidente de la Liga Agronómica.

Destacó que de acuerdo con un censo realizado por la organización, de 100 mil agrónomos que hay en el país únicamente 40 por ciento tienen un empleo permanente.

“Hacemos gestiones para que se apliquen recursos y regrese el extensionismo, es muy cierto que el campo ha incrementado el presupuesto, pero parte de esos recursos se enfocan a la asistencia”, dijo.

Por un lado, indicó, se suprimieron plazas laborales para los agrónomos; por otro, los recursos que se han destinado para fomentar la productividad no han dado resultado pues no se han complementado con otros esquemas como el crédito.

“Son los efectos del TLCAN, las empresas tampoco tienen empleo para los agrónomos porque, como la mayoría son transnacionales, llegan con sus propios técnicos, entonces, para nosotros ya es difícil ubicarse porque los privados traen su gente de fuera y el gobierno ya no tiene plazas”, argumentó.

Jorge Galo Medina, rector de la Universidad Agraria Antonio Narro, expresó que en el conocimiento, el sector agropecuario también se ha quedado rezagado con relación a Canadá y Estados Unidos.

“El presupuesto que se está asignado a todas las universidades públicas en su conjunto es insuficiente para impulsar la investigación en el país, no hay desarrollo científico y tecnológico suficiente para competir y eso nos hace muy sensibles a la entrada de patentes y tecnologías extranjeras”, comentó.

Dentro del presupuesto para 2008, comparó Galo Nedina, 0.7 por ciento del Producto Interno Bruto se destina a las universidades cuando el mínimo recomendable es uno por ciento.

“Debemos meterle recursos frescos, los diputados deben buscar que el aparato científico del país reciba, independientemente del presupuesto para educación, también uno por ciento del PIB para formar talentos y ser autosuficientes en materia de conocimientos tomando en cuenta el desarrollo de las ciencias ambientales y agropecuarias”, destacó.

“Si no tenemos una fortaleza en educación superior estamos destinados a seguir importando capital humano y también seguir siendo dependientes”, agregó el rector.

En el caso de la Narro, manifestó que su plantilla de investigadores apenas supera la veintena, mientras que sus similares estadunidenses la triplican en número de personal académico, lo cual, advirtió, es un factor que también debió de haberse tomando en cuenta durante las negociaciones del TLCAN, sin embargo, los académicos tendrán que adaptarse a la apertura.