Las organizaciones campesinas inconformes con la apertura comercial reiniciarán el diálogo con el gobierno, sólo en caso de que el interlocutor sea el secretario de Gobernación, Juan Camilio Mouriño.

También demandan que se integren a la mesa todas las secretarías de Estado relacionadas con el sector, desde Hacienda hasta Desarrollo Social.

En una carta dirigida al presidente Felipe Calderón, exigen que el primer punto a tratar en la agenda sea la renegociación del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), de lo contrario amenazan con realizar nuevas movilizaciones en abril y agosto similares a la marcha del 31 de enero en la Ciudad de México.

La intención es que México negocie un agregado para proteger al campo, similar al que negociaron Canadá para su sector forestal y Estados Unidos para el capítulo laboral.

Otra de las condiciones es que la Federación suspenda inmediatamente los comerciales y promocionales que apoyan la apertura comercial, por considerare que distorsionan la realidad y “lastiman” a los campesinos.

“Tenemos voluntad de diálogo, pero queremos señales políticas para generar condiciones para un nuevo diálogo. Que se decida quién será el responsable político y consensuar una agenda en la que no esté vetado ningún tema y en la que la renegociación del TLCAN sea la prioridad”, dijo Max Correa, dirigente de la Central Campesina Cardenista.

Dejaron en claro que el diálogo con el gobierno no se reanudará mientras sólo existan como posibles intermediarios el secretario de agricultura, Alberto Cárdenas; el del Trabajo, Javier Lozano; o el de Economía, Eduardo Sojo.

Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional Campesina, Cruz López Aguilar, pidió aprovechar la coyuntura política de Estados Unidos para renegociar el capítulo agropecuario, así como la creación de una oficina en la Secretaría de Economía que auxilie a los productores a interponer salvaguardas y recursos antidumping.

Otras de las demandas campesinas para reiniciar el diálogo es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se siente a la mesa para armar un sistema financiero rural que satisfaga las demandas del sector, así como negociar facilidades administrativas fiscales indispensables para generar empleos en regiones marginadas.

También piden a la Secretaría de Relaciones Exteriores que se integren a la renegociación del TLCAN y la Banca de Desarrollo que coadyuve con su esfuerzo a la competitividad de las ramas de producción y la capitalización del campo, mediante un esquema financiero que permita el acceso a los pequeños productores a los programas del ejecutivo y garantice la adquisición de las cosechas nacionales, la infraestructura y el equipamiento rural.

“Queremos un diálogo genuino concertado entre las partes y si no tenemos respuesta nos vamos hacia un paro nacional en agosto en coordinación con los movimientos sindicales y populares”, advirtió Víctor Suárez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC).

Por último, anunciaron que hoy asistirán a la Cámara de Diputados para involucrar al legislativo en la elaboración y modificación de leyes que regulan el sector.