No obstante que el gobierno insiste en que las cláusulas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para el sector agropecuario ya no se pueden negociar, existen mecanismos fuera de este pacto para proteger a los productos sensibles mexicanos, aseguró César Turrent, asesor de la Confederación Nacional Campesina.

“Como ya terminó el periodo formal y a partir del 1 de enero de 2008 podrán entrar sin aranceles, cupos, ni cualquier otra restricción todo tipo de productos, la única salida es acogerse a la Organización Mundial del Comercio (OMC), en la cual se permite que cualquier país defina sus productos sensibles y que sobre ellos se restrinja su negociación”, recomendó.

Ante este panorama afirmó que es hora de que México tome decisiones de fondo, no paliativos, y establecer acciones y políticas de mediano y largo plazos que permitan competir permanentemente en condiciones de igualdad.

Entre estas acciones destacó tres: que el gobierno local, a través de la Secretaría de Economía, decrete la salvaguarda especial agrícola considerada en el Acuerdo Agrícola de la Organización Mundial del Comercio, sobre los 12 productos sensibles y especiales del sector, que son los establecidos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable como productos básicos y estratégicos.

En segundo término, el gobierno mexicano debe sumarse al panel de controversia sobre el maíz que, en el seno de la OMC, Canadá ha solicitado por los altos subsidios de Estados Unidos a sus productores.

“Que la Sagarpa no claudique ante la petición de presentar una impugnación ante la OMC por el uso del programa de subsidios ilegales del arroz en Estados Unidos, que distorsionan el comercio interno”, dijo en tercer término.

Adicional, mencionó que en el marco de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), el gobierno no desista en la propuesta de la integración tripartita de fondos y mecanismos diversos orientados a promover la inversión en proyectos generadores de empleos formales en las regiones marginadas expulsoras de mano de obra rural y consolidar las cadenas productivas de cultivos estratégicos, donde participen los integrantes de la sociedad rural con mayores niveles de pobreza y desnutrición.

En este contexto, indicó que el Senado, el Congreso de la Unión y el Ejecutivo deben de aprobar y publicar la Ley de Planeación para la Seguridad y la Soberanía Agroalimentaria y Nutricional, para dar certeza jurídica a los productores y esquemas de presupuestos multianuales, que permita un futuro seguro y el arraigo para las familias rurales mexicanas.

Pero mientras los diferentes actores hacen su parte para detener los efectos catastróficos del TLCAN, las organizaciones campesinas lograron para el próximo año el incremento del presupuesto rural y su aplicación oportuna “que actualmente debe reflejarse en las reglas de operación”.

También, se está negociando que se cree una reserva estratégica de maíz y que haya una estructura comercial para maíz y frijol, que permita disminuir el impacto.

Manzana de la discordia

La diferencia en los apoyos al sector agropecuario es uno de los principales problemas que argumentan quienes se oponen al tratado, ya que el principal apoyo a productores en México, el Procampo, apenas alcanza en 800 pesos por hectárea.

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