Para Francisco Rojas, ex director de Petróleos Mexicanos, se debe crear un fondo nacional para la transición energética, el cual, dice, sería un mecanismo para financiar las actividades del sector energético de manera armónica, que si fuera aceptado por los mercados, podría manejarse en corto tiempo un capital de 30 mil millones de dólares.

Así lo expone en uno de los ensayos que presenta en la edición La reforma energética: aportaciones para el debate, de la Fundación Colosio.

“El fondo no sería paraestatal ni estaría sujeto a un régimen fiscal confiscatorio o a un pasivo laboral oneroso, ni interferiría con la vida interna de Pemex, CFE y demás organismos o empresas del sector.”

Por su parte, el análisis que realiza el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) destaca que el sector productivo y los consumidores enfrentan problemas en la calidad y precios competitivos en el abasto en especial de los combustibles y electricidad.

El planteamiento del organismo cúpula de sector empresarial es abrir las puertas a la inversión privada; por mencionar un ejemplo, en yacimientos transfronterizos y campos marginales.

La visión del senador y presidente de la Comisión de Energía, Francisco Labastida, es que México requiere de una reforma profunda que permita articular una política que le dé seguridad energética al país y hacer de Pemex una empresa pública eficiente y competitiva, sin alterar la Constitución y sin contratos de riesgo, pero sí se requerirá la modificación de muchas leyes sin llegar a la privatización. Una salida podría ser liberar a la paraestatal de las excesivas cargas fiscales.

Pero reconoce que la industria petrolera atraviesa por una crisis, “llegamos al absurdo de realizar el peor negocio del mundo: exportar materia prima e importar productos industrializados”.

En torno a la posible afectación de la soberanía nacional sobre sus recursos petroleros resalta la instalación de 150 plataformas de empresas estadunidenses en los yacimientos transfronterizos en el Golfo de México. Dice que si no se toman medidas urgentes en el llamado Cinturón de Plegado Perdido, se corre el riesgo de que esas empresas extraigan el hidrocarburo que se encuentra en aguas nacionales.

La disertación de Rogelio Ramírez de la O, presidente de Ecanal, empresa privada de análisis económico, gira en torno a la experiencia negativa para las finanzas públicas de las privatizaciones o aperturas a la inversión privada, al retomar el caso de los bancos, líneas aéreas y carreteras, por mencionar algunos.

Dice que plantear un proyecto privatizador del sector energético es ir en contra de la “curva mundial del cambio”, ya que nueve de cada diez barriles de las reservas globales provienen de empresas estatales. Por ello es necesario reexaminar el modelo que permitió la desincorporación de la refinación y la industria petroquímica del control estatal, considerando sus méritos y deficiencias antes de precipitarse al desintegrar la industria como si se tratase de un proceso de modernización.