Construir un estadio de beisbol en Chihuahua y comprar astas para banderas en Nuevo León son sólo un par de ejemplos del uso que hacen los gobiernos estatales con los recursos que perciben por concepto de excedentes petroleros.

De acuerdo con un informe elaborado por Ramón Galindo, presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado, al primer caso se destinaron 124 millones de pesos, mientras que en el segundo el monto erogado ascendió a 29.5 millones de pesos.

El senador explicó que en el lapso comprendido entre 2003 y 2007, las entidades federativas captaron 93 mil 406 millones de pesos vía excedentes petroleros.

Sin embargo, la poca transparencia, la escasa rendición de cuentas y la discrecionalidad de las autoridades estatales ha evitado que esos recursos se destinen a los grupos más necesitados y a acciones prioritarias, destacó.

“Es indispensable que las entidades federativas cuenten con órganos técnicos autónomos que rindan informes a sus congresos y asambleas legislativas, y que asuman la responsabilidad de la fiscalización de los recursos”, afirmó el legislador del PAN.

Orlando Suárez, director de prospectiva y sectores de la consultora Aregional, explicó que debido a que cada año se modifican las reglas sobre el reparto de excedentes petroleros, no existe un control estricto sobre el uso que se le da a ese dinero.

“Ha faltado aprovechar mejor ese tipo de recursos, para que se apliquen realmente a obras que impacten en el desarrollo social”, dijo el especialista, “ha faltado capacidad para aprovechar los altos precios del petróleo”.

De acuerdo con Galindo, ésta semana se presentará un punto de acuerdo en el Senado para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que amplíe la cobertura y alcance de las auditorías que se aplican a los excedentes petroleros transferidos a las entidades federativas a partir del ejercicio correspondiente al año 2007.

Señaló que de acuerdo con la propia ASF, los más de 93 mil millones de pesos entregados a los estados entre 2003 y 2007 constituyen una de las áreas más opacas en materia de transparencia y rendición de cuentas.

El punto de acuerdo, dijo, también exhortará a la Secretaría de Hacienda y a Banobras a pormenorizar los montos transferidos a los gobiernos estatales por concepto del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) y del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, así como las obras en las que se invirtió de 2003 a la fecha.

Excélsior había anticipado que la falta de fiscalización de los recursos petroleros, provocaba sospechas de los legisladores.

Esto, lo confirmó la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado, que tiene detalles de algunos gastos hechos por los gobiernos locales, principalmente del norte del país y del Centro.

Ahora, corresponderá a la Secretaría de Hacienda y a la propia Cámara Alta, revisar las cuentas y pedirle mayor información al gobierno federal. A ello, hay que mencionar que entidades como el DF. y Edomex, reciben montos más elevados que otras.