La situación se sale de control. En el primer semestre del año la producción petrolera cayó casi diez por ciento y la importación de gasolinas requirió el desembolso de siete mil 375 millones de dólares, informó ayer Pemex.

La producción de Cantarell, el principal yacimiento del país, se redujo en 457 mil barriles respecto del periodo de referencia, mientras que la suma destinada a la compra de combustibles extranjeros equivale al costo necesario para construir una nueva refinería en el territorio nacional.

Al cierre de las discusiones en el Senado sobre la reforma energética, Miriam Grunstein, especialista en derecho energético en la firma Thompson & Knight Abogados, mencionó que la problemática de incorporar nuevas reservas y la refinación representan los retos más importantes en materia de hidrocarburos.

“Por las limitaciones legales y políticas que tenemos, nos seguimos saliendo de los esquemas que han funcionado en el resto del planeta, que no tienen que ser adaptados tal cual en México, pero tienen la ventaja de que ya funcionan en otros lugares”, afirmó la especialista.

La modalidad de contratos incentivados para la exploración de reservas petroleras sugerida por la Presidencia en el paquete de propuestas que se entregó en abril, como cualquier nuevo esquema, corre el riesgo de no ser viable comercialmente, afirmó Grunstein.

“Debe haber una transformación en nuestro esquema de exploración y producción”, subrayó, “la situación de aislamiento que vivimos con respecto a la industria mundial, es algo que a corto o mediano plazo podemos pagar muy caro.”

En tanto, Luis Labardini, socio de la firma de consultoría energética Marcos y Asociados, destacó que además de encontrar nuevas reservas de hidrocarburos, es indispensable que Pemex tenga la capacidad de explotarlas en la manera más eficiente.

“Eso quiere decir optimizar el valor de largo plazo y en la medida de lo posible, reducir los costos, si se alcanza ese objetivo con esta reforma, sería un gran triunfo”, anotó.

Así, el punto más importante a trabajar es revertir la caída que experimenta la producción, así como el debilitamiento de las reservas de hidrocarburos, reiteró Labardini, condiciones que permitirían maximizar el valor de la renta petrolera.

La situación del sector de los hidrocarburos generó algunas coincidencias entre los actores políticos y los expertos que participaron en las discusiones —que hoy concluyen— sobre la reforma energética organizados en el Senado de la República.

A raíz de la evaluación a la iniciativa presentada en abril pasado por el Ejecutivo federal, los acuerdos definitivos podrían lograrse a partir de septiembre con el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, luego de que en los últimos días las principales fuerzas políticas se pronunciaron a favor de alcanzar un proyecto conjunto.

“En los debates estamos manejando una cantidad impresionante de información y lo interesante será cómo procesarla”, destacó Miriam Grunstein.

Advirtió que se corre el riesgo de caer en la pasividad porque México sigue siendo dependiente de los ingresos provenientes de los hidrocarburos.

Además, sobre la gran controversia que genera la posibilidad de que el sector privado participe en la industria petrolera nacional, la especialista destacó que esa alternativa debe analizarse con mesura.

“La iniciativa privada, acotada, regulada y puesta en su lugar puede ser un elemento muy positivo de participación económica, pero existe una desconfianza profunda que tenemos los mexicanos sobre un Estado que podría no defendernos de empresas fuertes.”

Por su parte, Labardini mencionó que se trata de una reforma a Pemex y no cumple con el término de reforma energética manejado por las autoridades.

“Es una propuesta de alcance muy limitado y en cualquier otro país del mundo ésta habría sido una reforma promovida por los partidos de izquierda”, observó.

Sin embargo, el consultor reconoció que al término del debate, el conocimiento de los legisladores sobre el sector petrolero nacional es más amplio.

Uno de los argumentos que con mayor insistencia esgrimió la Sener en la discusión de la iniciativa, es que hoy cuatro de cada diez litros de gasolina que se consumen en el país son importados.

Entre enero y junio de este año, Pemex gastó siete mil 375 millones de dólares para comprar gasolinas extranjeras y así abastecer al mercado interno. El año pasado por ese mismo concepto se desembolsaron diez mil 676 millones de dólares, indican las cifras oficiales.

De 2000 a 2008, el volumen de las importaciones de gasolina se incrementó en 255 por ciento, al pasar de 90.6 a 331 mil barriles diarios, revelan las estadísticas.

Desde 2003, la producción de gasolinas en las seis refinerías que tiene México se ha mantenido sin cambios, con un promedio de 450 mil barriles diarios.

Frente a esta realidad, el 18 de marzo, en la conmemoración del 70 aniversario de la Expropiación Petrolera, el presidente Felipe Calderón tomó cartas en el asunto.

“Giro instrucciones a la secretaria de Energía y al director general de Petróleos Mexicanos para que, sin dilación, inicien los estudios y analicen la factibilidad técnica, financiera y logística que nos permita construir una nueva refinería en el territorio nacional”, anunció el mandatario en aquella ocasión.

La propuesta de reformas para Pemex planteada por la Presidencia incluye permitir la participación del sector privado en la construcción y operación de refinerías, así como en los procesos de transporte y almacenamiento de petrolíferos.

En ese sentido, Grunstein reconoció que no queda claro si el esquema es la opción más adecuada para enfrentar el problema del sector.

“Es un esquema, a mi juicio, inusitado en el mundo, la modalidad de la prestación de servicios de refinación no la conozco, y no creo que exista en el resto del mundo, aunque eso no quiere decir que no vaya a funcionar”, destacó.

Y es que para la especialista, una de las dudas consiste en la manera en que se definirá el contrato de construcción y operación, dijo, así como el proceso para transferir la propiedad de la refinería a la empresa petrolera nacional.

A principios de junio, Guillermo Ruiz, subdirector de Planeación Estratégica y Operativa de Pemex, explicó en unos de los foros del Senado que el hecho de que la iniciativa del Ejecutivo proponga la maquila en refinación no significa que vaya a ser el único camino que elija Pemex Refinación.

Sin embargo, en el mismo foro, Antonio Gershenson, especialista del sector energético, explicó que permitir al sector privado controlar las refinerías puede provocar que los patrones de energía sean fijados por las trasnacionales y, en función del mercado, provocar mayor consumo de energía.

El lunes de la semana pasada, Georgina Kessel, titular de la Secretaría de Energía, señaló que debido a la caída en la producción de Cantarell, la pérdida anualizada es de 227 mil millones de pesos, equivalente a once veces el programa carretero del gobierno federal.

“Es muy alto el costo de no decidir. No decidir pone en riesgo la viabilidad de la industria petrolera mexicana, no decidir pone en riesgo la seguridad energética”, señaló la funcionaria en alusión a las reformas que se discuten en el Congreso.

Tres días después, subrayó las complicaciones que podría enfrentar el sector de refinación de mantenerse su situación actual.

“Debo advertir que si no le damos a Petróleos Mexicanos las herramientas para realizar la expansión de la infraestructura, México corre el grave riesgo de retrasar hasta en una década la modernización de su sistema de refinación”, afirmó.

Para cubrir la creciente demanda de forma eficiente y reducir la dependencia a las importaciones, se necesitan construir entre cinco y seis refinerías durante los próximos 20 años, mencionó la funcionaria.

A decir de Labardini, quienes se oponen a modificar la situación del sector deben estar conscientes de que son responsables del futuro económico del país.

Es indispensable, anotó, que las finanzas de la paraestatal mejoren, porque a diferencia de petroleras internacionales, Pemex no tiene capital para invertir y se financia con la contratación de deuda.

Hace unas semanas, Pemex notificó a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) que el monto de su deuda al cierre de 2007 ascendió a 46.1 mil millones de dólares.

“El nivel de deuda podría no disminuir en el corto y mediano plazo, y tendría un efecto adverso en la condición financiera y en los resultados de operaciones”, destaca el documento entregado por Pemex.