Ante la paradójica realidad de ser uno de los países con mayor exportación de crudo pero también un importador de gasolina, se propone invertir en al menos dos nuevos proyectos de refinación
México lleva 30 años prácticamente con el mismo número de refinerías que había cuando se dio la expropiación petrolera. De ahí que ahora se plantee la necesidad de construir más refinerías para procesar el combustible que los consumidores necesitan.
A partir de 1938, Pemex se hace cargo de cinco refinerías: Minatitlán y Madero, de la compañía Águila; Azcapotzalco de la compañía Huasteca, así como Mata Redonda y Bellavista, ambas de Petromex, que manejaban un promedio de 102 mil barriles diarios (bd), logrando así ser una de las compañías mundiales con mejor producción de aquellos tiempos.
En 1946 se construyó la refinería 18 de Marzo, en Azcapotzalco, que tenía capacidad de 50 mil bd. Ésta fue cerrada, por emisión de contaminantes, durante el sexenio salinista.
En 1950 se inauguraron dos refinerias más: una en Salamanca, llamada Ingeniero Antonio M. Amor, con capacidad de 30 mil bd y otra más en Reynosa, que producía cuatro mil bd.
Seis años más tarde entró en operaciones la planta General Lázaro Cárdenas, en Minatitlán, Veracruz, con capacidad de 50 mil bd. Incluyó la primera planta de desintegración catalítica (producción de gasolina) en México.
En 1976 se inauguró en Tula la refinería Miguel Hidalgo con capacidad de150 mil bd y tres años más tarde se puso en marcha la refinería Ingeniero Héctor R. Lara Sosa, en Cadereyta, Nuevo León, con capacidad de 100 mil bd.
Para estas fechas ya habían cerrado tres refinerías por considerarse antieconómicas y para 1991 se cerraran otras dos, Azcapotzalco y Poza Rica, para dejar el número de barriles diarios en un millón 525 mil.
De aquí en adelante las refinerías que producen y abastecen al país son sólo seis, Cadereyta y Reynosa en el norte, Tula y Salamanca en el centro y Salina Cruz y Minatitlán en el sur.
Este hecho ha mermado parcialmente la producción de hidrocarburos, pues como Pemex ha informado, la demanda de derivados y en especial la gasolina, ha superado a su producción cayendo así en uno de los más grandes errores del sistema petrolífero del país pues para satisfacerla es necesario recurrir a la importación en 40 por ciento, con tendencia ascendente en los próximos años.
De aprobarse la propuesta del Ejecutivo de construir dos nuevas refinerías con capital público se mantendría la actual importación de gasolina, ya que de no ejecutarse estos proyectos aumentará la importación del combustible.
Nuevamente con previsiones de Pemex, se observa que en los próximos ocho años aun con las dos nuevas refinerías, el país enfrentará un déficit de 193 mil barriles diarios. La construcción de los nuevos proyectos llevará un promedio de seis años; dos años se emplearán en el desarrollo de ingenierías básicas y los otros cuatro en la construcción del complejo.
71 días de espera
De ser aprobada la reforma energética que ahora se discute en el Senado, Pemex establecería un nuevo tipo de contratos de servicios basados en incentivos, es decir, recompensaría a empresas contratadas, por eficiencia o trabajo bien realizado, con un pago adicional, pero no se compartirían producción de crudo ni nuevos yacimientos.
Los contratos aplicarían para exploración, refinación y almacenamiento. El gobierno espera que los incentivos permitan avanzar en proyectos de exploración y producción de crudo y deriven en la construcción de tres nuevas refinerías en los próximos 12 años.
La propuesta incluye agregar cuatro directores independientes a su grupo de dirección de 11 miembros. Los cambios permitirían que Pemex mantenga una mayor porción de ganancias, por las que paga 50 por ciento de impuestos.
Pemex emitiría bonos de deuda de rendimiento vinculado a ganancias, que serían vendidos sólo a ciudadanos mexicanos pero podrían eventualmente entrar al mercado.
El sistema impositivo para la petrolera iría ajustándose gradualmente para introducir diferentes tasas según diferentes actividades en las áreas de petróleo y gas.
Debido a que no incluye reformas a la Constitución, la reforma puede ser aprobada con 50 por ciento de los votos en el Congreso.





