A pesar de que las personas que laboran en la economía informal evaden impuestos, pagan en efectivo a sus proveedores.

El estudio “evasión fiscal generada por el comercio ambulante”, realizado por el Tec de Monterrey y la Universidad de Guadalajara, detalla que 97 por ciento de los encuestados realiza sus pagos en efectivo y tres por ciento compra a crédito. Situación que dentro de la economía formal opera a la inversa.

Sin embargo, el 33 por ciento de la muestra no recibe ningún tipo de comprobante de sus proveedores y sólo 12 por ciento recibe algún comprobante con datos fiscales de su proveedor.

“Un posible obstáculo de la fiscalización del sector es el hecho de que 42 por ciento de los vendedores de la muestra tiene proveedores que operan en un negocio no registrado, o bien, se trata de negocios que comercializan parte de sus ventas a través de canales de distribución que les permite no registrar sus ventas”, detalla.

La ganancia neta promedio de los vendedores es de casi cinco mil pesos, con una media de tres mil y una antigüedad promedio de actividad de 11.3 años, con una mediana de nueve. El 81 por ciento de los vendedores encuestados afirmó que comercializa bienes e insumos nacionales, mientas que 10 por ciento son de origen importado y 7 por ciento de ambos tipos.

Además, el 92 por ciento vende mercancía nueva y sólo 6 por ciento comercia mercancía usada.

Del total de los encuestados, el 35 por ciento refirió que se dedica al ambulantaje por insuficiencia de ingresos, en tanto, 21 por ciento manifestó que es por tradición y sólo 18 por ciento consideró que se dedica a esta actividad por falta de oportunidad laboral, mientras que el factor flexibilidad laboral e independencia obtuvo 12 por ciento y 9 por ciento lo ve como una oportunidad de negocio. A fin de reducir la evasión fiscal del comercio ambulante, los especialitas recomiendan ofrecer incentivos para que se formalicen.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio consideró necesario que la Secretaría de Hacienda amplíe el plazo legalmente establecido (18 de febrero) para que las empresas cumplan con la obligación de declarar y pagar el nuevo Impuesto Empresarial a Tasa Única.

El presidente de la Comisión Fiscal del organismo empresarial, Pedro Guillén Mariscal, afirmó que una prórroga sería conveniente hasta para el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ya que según, dijo, no tiene aún el formato autorizado para recibir la declaración del IETU.

La oficina recaudatoria pretende que las empresas utilicen el formato del desparecido Impuesto al Activo para declarar el IETU, lo cual hace más complicado el procedimiento de cálculo.

“La prórroga sería muy provechosa hasta para el mismo SAT, toda vez que no se tiene ni siquiera el formato aprobado para presentar la declaración. En este momento se está hablando de que se va a presentar con el formato del desaparecido Impuesto al Activo, lo cual complica doblemente el procedimiento de cálculo”, dijo.

Destacó que sería plausible que el SAT otorgara una prórroga lo más extensa posible para que las empresas conozcan más a fondo el impuesto, cómo calcularlo y declararlo. Además en ese tiempo, expuso, el formato quedaría debidamente publicado por Hacienda.

Entrevistado en el marco del Seminario Reformas Fiscales 2008, organizado por la Concanaco, afirmó que luego de hacer un análisis sobre la constitucionalidad del IETU, los empresarios llegaron a la conclusión de que no procede el amparo en contra.

Por ese motivo, el organismo no recomienda ni promoverá amparos masivos contra el IETU.

Sin embargo, aclaró que aquellas empresas que se sientan afectadas por el gravamen están en su derecho y en completa libertad de ampararse.