De acuerdo con el informe Políticas Agrícolas en los Países de la OCDE presentado ayer, históricamente, México ha sido de los países que menos apoyos y subsidios libera para sus productores. Entre 2005 y 2007, estas transferencias representaron 15 por ciento del valor de la producción agrícola. La cifra no sólo es una de las más bajas de la OCDE, sino que representa prácticamente la mitad de los apoyos que se liberaron entre los años 1991-1993, cuando significaban 29 por ciento del valor de la producción total.

Desde la perspectiva del organismo internacional, con sede en París, esta reducción significa un “progreso”, toda vez que los menores subsidios generan beneficios al mercado y a los consumidores finales.

“A pesar del progreso observado en México, se debe continuar con las reformas en el sector, las cuales estén dirigidas a eliminar las barreras comerciales y eliminen los subsidios que distorsionan el mercado. También se deben enfocar en medir el rendimiento y efectividad de los recursos que se destinan al sector, para que sean más eficientes”.

De hecho, en términos globales, el organismo multilateral asegura que uno de los beneficios que los gobiernos pueden obtener de los altos precios de los alimentos, es que se abre la oportunidad para “echar hacia atrás las medidas más distorsionantes” del mercado. Ello, toda vez que los productores agrícolas están logrando más ingresos, por la venta de sus productos a precios más competitivos.

“Se ha demostrado que los subsidios han sido poco efectivos en atacar los problemas de ingresos de los productores agrícolas, además han contribuido a profundizar la desigualdad en la distribución de los apoyos. Si no se aprovecha este periodo para eliminar estas medidas, entonces se va a prolongar la vida de las políticas que causan desequilibrios en el mercado”, advierte la OCDE.

Como ejemplo de esta tendencia, el organismo ha presentado un estudio del efecto que han tenido las políticas agrícolas en México, en el que se concluye que casi 15 años de programas como Procampo, Aserca, Alianza y algunos otros apoyos bajo el paraguas del Programa Sectorial de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, no lograron brindar el andamiaje necesario para impulsar la competitividad de este sector de la economía.

Esta fue una de las principales conclusiones a las que llegó la OCDE en su informe Políticas de Agricultura y Pesca en México, en el que asegura que si bien las transferencias económicas y apoyos lograron incrementar el bienestar de los agricultores, ello no implicó necesariamente una mejoría en la eficiencia, desarrollo rural, y mucho menos erradicación de la pobreza rural.

Una de las principales críticas a estos programas está sustentada en la alta regresividad de los programas, afirma el entrevistado.

Esto es, que un alto porcentaje de los recursos se ha dirigido a los productores más ricos. La excepción es Procampo, cuyo principal capital sí ha brindado apoyo a los campesinos más pobres.

Pero en términos generales, datos presentados por la OCDE y sustentados por el Banco Mundial revelan que el apoyo económico al sector agrícola de los últimos años, se dirigió a las entidades federativas más ricas del país. En contraste, Chiapas, Oaxaca o Guerrero no fueron beneficiados en la misma intensidad. Ello, consecuencia de la lógica de dirigir los recursos a quienes producen más o tienen una extensión grande de tierra.

Además, el organismo multilateral destaca que la mayor parte del apoyo económico se dirigió hacia gastos de mercadotecnia y promoción, después se destinó a escuelas agrícolas y en menor proporción a infraestructura, investigación y desarrollo de esa tecnología.

Ante este panorama y la caída total de las barreras comerciales, la OCDE sugiere a las autoridades mexicanas redefinir los programas de apoyo y los fundamentos bajo los cuales se distribuyen los recursos, por ejemplo, en caso de que se piense continuar con Procampo.

Asimismo, sugiere establecer una política rural en conjunto con otras entidades gubernamentales, esto es, mayor participación de entidades como la Secretaría de Economía, la de Desarrollo Social, e incluso, la Secretaría de Turismo.