Refrendar la confianza de los inversionistas internacionales, de los mercados y capitales en México, implica que el gobierno federal haga un esfuerzo extra en términos de disciplina presupuestal, aseguraron analistas.

Alfredo Coutiño, director para América Latina de Moody’s Economy, una de las empresas que nutre de información a la agencia calificadora Moody’s, dijo que una vez aprobada la Ley de Ingresos, y que se avaló un alza en los impuestos, ahora le toca al gobierno demostrar su sacrificio en gastos onerosos y que no inciden en el crecimiento.

Para ser conservar la calificación se requiere capitalizar en 2010 en infraestructura productiva, como aeropuertos, puertos navieros, caminos, carreteras, que estén concentradas en las grandes ciudades, consideró el analista.

Ello, para atraer modernidad al país, además el efecto sería que se genera empleo y las empresas empiezan a motivarse para invertir en esas zonas.

El lunes Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch Ratings coincidieron en que el grado de inversión del país no se perderá, pero la nota sí podría modificarse.

Ello dependerá de qué presupuesto aprueben los diputados. Desde su perspectiva, impulsar más impuestos no es suficiente para apuntalar las finanzas públicas, ya que no se resuelven los problemas estructurales como la dependencia de los recursos petroleros o la baja recaudación de los gravámenes.

Miguel Ángel Medrano, analista de Scotiabank, señaló que la mejor oportunidad que tiene el Congreso es destinar el gasto en proyectos energéticos y, como segundo paso, los recursos debe nestar dirigidos en infraestructura social como hospitales, escuelas y toda obra dirigida al servicio de la sociedad.

De seguirlas al pie de la letra, detalló Coutiño, en menos de cinco años se puede garantizar un crecimiento de cuatro a cinco por ciento y tener una oferta de empleos anual de 800 mil.

El analista de Scotiabank, Medrano añadió que pese a que aún no se sabe en que se gastarán los recursos de la venta de petróleo, se ha garantizado la nota soberana, dado que las agencias calificadoras saben que habrá recursos fiscales con los cuales operar en 2010.

“Como resolvió la Ley de Ingresos, el Congreso salió del problema para el siguiente año, pero no es suficiente, a pesar de que se mandó una buena señal que no haya incrementado el déficit y que haya puesto medidas fiscales en marcha. Por supuesto que con esto no se cambiará la calificación, pero no son cambios estructurales, que den sostenibilidad al gobierno federal.”

José Luis de la Cruz, jefe del Área Económica del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey (ITESM), dijo que el tercer punto es que los legisladores dejen a un lado sus intereses partidistas, porque están poniendo en riesgo la calificación soberana del país y no es una señal positiva.

Añadió que si se concentran en aprobar una reforma fiscal, judicial y laboral, el país gozaría de mejores condiciones para operar por lo menos a partir de 2011.

“El Congreso debe responder de acuerdo con los intereses del país y desafortunadamente no sucede así en todos los casos, han prevalecido los temas políticos en la aprobación del paquete fiscal”, dijo.

Alfredo Coutiño opinó que la actual discusión de Ley de Ingresos resultó ser un botín de los políticos en donde cada quien sugería “sacar la mayor tajada y eso da muy mala impresión en el exterior”.

Si esto fue a tres años de las elecciones presidenciales, qué será cuando nos acerquemos a 2012, las negociaciones serán peores en los próximos años, la clase política debe ser consciente de lo que requiere la población y para qué fueron elegidos, puntualizó el académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.

Programa con subejercicio

Empresarios de la construcción reclamaron el martes que los avances del Programa Nacional de Infraestructura (PNI) no son alentadores y que de 50 por ciento que debería estar cubierto del programa sólo se tiene alrededor de 36 por ciento.

Bernardo Quintana, director general de ICA denunció que el compromiso de inversión del gobierno federal para la presente administración fue de 250 mil millones de pesos, que significaría alrededor de cuatro por ciento del PIB, pero que diversos problemas, entre ellos el de la crisis, así como para liberar los proyectos se convirtieron en obstáculos.

Un estudio de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) arrojó que únicamente se ha logrado un avance del 36 por ciento del PNI, cuando se debería tener 50 por ciento.

Para Juan Diego Gutiérrez Cortina, presidente de Gutsa, la presente administración arrancó con buenas intenciones, pero falta una política de Estado.

—Redacción