El robo de crudo de la red de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) sigue creciendo, y es realizado por grupos delictivos bien organizados, advirtió Octavio Galván, gerente de Control Técnico y Operativo de Manejo de Combustibles de la paraestatal.

“A partir de 2005, grupos delictivos que se dedican a esta actividad empezaron a sustraer petróleo crudo. Ya es mayor el hurto en oleoductos que en los poliductos”, dijo.

De acuerdo con datos revelados ayer por la paraestatal, durante el año pasado se detectaron 323 tomas clandestinas en todo su sistema de tuberías para transporte de hidrocarburos, lo que significó un aumento de 47 por ciento contra 2006.

“Cabe destacar que Pemex Refinación es la subsidiaria con la mayor incidencia de estas perforaciones ilegales en los ductos, con un total de 296 casos detectados el año pasado”, dijo Galván.

El funcionario precisó que alrededor de 52 por ciento de las horadaciones encontradas fueron realizadas en oleoductos, lo que significa que el mercado ilícito de combustibles ha evolucionado.

“Ahora nos roban el crudo que está sustituyendo al combustóleo en ladrilleras, en la zafra y en baños públicos. Se usa prácticamente para generar calor. Es hacia donde los grupos delictivos han volteado porque les pusimos más difícil la venta de gasolina”, manifestó.

Hasta hace unos años, el saqueo en las tuberías de Pemex se concentraba en gasolinas y diesel, pero debido a los controles que se han implementado en gasolinerías para que no puedan adquirir combustibles, los grupos delictivos han buscado nuevas opciones.

“Es una respuesta a una serie de acciones que Pemex Refinación implementó. Antes robaban de ductos o de autotanques, y después ese producto lo vendían en las propias estaciones de servicios”, dijo.

De las cifras totales, cabe destacar que las entidades con mayor incidencia de tomas clandestinas el año pasado fueron Veracruz, con 173 —cantidad que representó casi el 54 por ciento del total—; seguida de Puebla, con 22; Chihuahua, 17; Estado de México, 17; Coahuila, 16; Nuevo León, 11; Oaxaca, 10; así como Sinaloa y Morelos, con ocho.

De acuerdo con Galván Medrano, Pemex inició las acciones para combatir el mercado ilícito de combustibles en 1999, cuando los delitos más usuales eran la importación ilegal, el desvío de subsidios y las tomas clandestinas.

A la fecha, los dos primeros tipos de incidentes que se realizaban cotidianamente se han erradicado a través de una homologación de precios y con el apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Administración General de Aduanas.

Sin embargo, el funcionario explicó que actualmente el combate es en contra de la delincuencia organizada, que cuenta con los recursos humanos, financieros e incluso logísticos para sustraer combustibles de manera sencilla.

“Nosotros consideramos que esto es delincuencia organizada, pero desafortunadamente el marco penal federal no lo ve así”, lamentó Galván Medrano.

Manifestó que pueden mencionar que tienen hasta quién les haga ingeniería.

“La evidencia es que en la zona norte del país se han encontrado túneles de hasta 800 metros de largo para el manejo y almacenamiento de los combustibles robados”, detalló el funcionario.

Dijo que además de las amenazas e intentos de soborno al personal encargado de las labores de vigilancia, se han registrado enfrentamientos a balazos por parte de los grupos delictivos.

“Cuando hemos logrado la detención de personas en flagrancia, de inmediato se presentan abogados para su defensa. Saben que el marco penal tiene vacíos y una penalidad muy baja, de tres a diez años de prisión, y alcanzan libertad bajo fianza de manera sencilla”, dijo el gerente en Pemex.

Las fianzas se fijan en un rango de entre 500 y diez mil días de salario mínimo.

En promedio el monto a pagar para ser liberado es de mil días de salario mínimo, es decir, alrededor de 50 mil pesos.

“Frente a las limitaciones del marco legal, la dirección general de la paraestatal se ha acercado al Congreso de la Unión para externar su opinión y sugerir que se lleven a cabo las reformas necesarias que logren desincentivar la comisión de estos delitos que dañan a la paraestatal”, afirmó Galván Medrano.