México carece de una base informática que contenga datos y referencias para realizar un seguimiento a quienes formaron parte de alguna corporación de seguridad o procuración de justicia, en los tres niveles de gobierno.

Los reglamentos estatales y federales de cada organismo establecen que se debe preservar el expediente de cada elemento por ocho años, en promedio, al momento de causar baja o por retiro.

El archivo contiene datos personales y de actuación en el servidor público, así como un historial de las faltas o sanciones a las que fue sujeto durante su permanencia en cada corporación.

Ninguna ley o reglamento obliga a las autoridades a mantener un seguimiento sobre las actividades de los ex servidores públicos; uno de los ejemplos con mayor contundencia se presenta en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pues entre 2001 y 2006 desertaron mil 23 oficiales y jefes de las fuerzas castrenses.

Sin embargo, la Sedena resguarda los expedientes de cada elemento pero desconoce las actividades, desempeño o localidad en la que se encuentran los ex militares.

Desde hace cuatro años el gobierno federal ha impulsado un proyecto para integrar una base con los datos personales, adscripciones y registro genético de cada policía o agente en activo.

Esta información debería integrarse a la base de datos conocida como Plataforma México, que es administrada por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal; sin embargo, en la segunda fase del proyecto sólo se tiene el registro de 75 por ciento de los efectivos.

La presunta participación de agentes judiciales del Distrito Federal en el secuestro de Fernando Martí, el joven de 14 años raptado y asesinado en julio, detonó la necesidad de integrar un equipo que mantenga un seguimiento de los ex servidores públicos.

La propuesta fue encabezada por Manuel Mondragón y Kalb, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), el 7 de agosto pasado, sin embargo, el proyecto no presenta avances.