El GDF prepara la acción jurídica que seguirá para incautar las propiedades que presuntamente eran utilizadas como casas de seguridad por integrantes de la Banda La Flor.

La Consejería Jurídica, a cargo de Leticia Bonifaz, promueve que sea a través de la Ley de Extinción de Dominio –que aún se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados– como se proceda a incautar a esta organización las casas que se demuestre que fueron adquiridas con recursos provenientes de sus actividades ilícitas, así se evitaría el pago de una indemnización.

La iniciativa de Ley de Extinción de Dominio fue presentada hace un año por diputados del PRD. Actualmente se encuentra bajo estudio en comisiones. El lunes pasado, el coordinador de los legisladores del sol azteca, Javier González Garza, confió en que esta iniciativa, con otras nueve en materia de justicia que impulsa su partido, puedan ser aprobadas durante el actual periodo ordinario de sesiones.

De acuerdo con información proporcionada por funcionarios cercanos al caso Martí, un primer paso para la expropiación de las propiedades sin derecho a pago –por lo menos ocho en distintas zonas de la ciudad– es que la Procuraduría capitalina, con el apoyo de la Consejería, identifique por la vía del Registro Público, las propiedades de los líderes de la banda y sus familiares, estableciendo cuáles fueron compradas con dinero del pago de secuestros o sirvieron como casas de seguridad.

En esta situación se encuentran dos propiedades. El 21 de agosto, la dependencia realizó un operativo en el número 33 de la calle Oyamel, en Pedregal de Santo Domingo, donde fueron detenidos Israel y Noé Cañas Ovalle. Las autoridades buscan establecer que un departamento de ese lugar era ocupado por la banda para llevar a sus victimas.

Otra propiedad que podría ser asegurada está en Sierra de Conchagua, en Jardines en la Montaña, misma que fue cateada por el GERI y de donde se obtuvieron documentos del líder de La Flor.