José López Portillo creó en 1976, para su amigo Arturo El Negro Durazo Moreno, la División de Investigación para la Prevención del Delito (DIPD). Al amparo de esa corporación, policías del DF arrestaron, desaparecieron y mataron de manera extralegal a cientos de personas.

La desaparición de la DIPD fue la suma de una cadena de arbitrariedades. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando a catorce agentes de la brigada Jaguares se les pasó la mano en el baile con doce colombianos, al parecer delincuentes: el 14 de enero de 1982 esas personas aparecieron muertas en el Río Tula; la responsabilidad recayó en Durazo Moreno y Francisco Sahagún Baca, entonces titular de la DIPD.

En 1982, bajo el lema de la renovación moral, el presidente Miguel de la Madrid ordenó al general Ramón Mota Sánchez la desintegración de la corporación, que tenía una nómina de mil 815 elementos. De éstos, 44 eran miembros de la Brigada Blanca; 585 eran guaruras de funcionarios y de sus familiares y el resto, mil 186, hacían labores de vigilancia.

No hubo mecanismo legal ni preventivo para impedir que los elementos de la DIPD pudieran integrarse a distintas corporaciones policiacas del país. Principalmente fueron amparados en la Policía Judicial del DF, a cargo de Raúl Melgoza y la procuradora Victoria Addato de Ibarra, recuerda Nicolás Suárez Valenzuela, ex coordinador de inteligencia de la Policía Federal Preventiva (PFP).

“Cuando le dan el poder a Durazo y a Sahagún Baca se perdió la dimensión de la DIPD y el Servicio Secreto (SS) y se crea un gran conflicto al poner a disposición de la entonces procuradora a los elementos de la DIPD y del SS, que eran policías más empíricos que técnicos o científicos, pero con gran capacidad de conocer a la delincuencia en la ciudad”, dice Suárez Valenzuela.

La DIPD, a la que perteneció Sergio Ortiz Juárez, presunto líder de secuestradores, fue la instancia que sustituyó al Servicio Secreto en la policía de la Ciudad de México, policías vestidos de civil que patrullaban la capital, haciendo un trabajo de inteligencia, principalmente en contra de organizaciones sociales y disidentes.

Durazo Moreno logró cohesionar a los integrantes de la policía capitalina, gracias a una secreta cofradía que llamó La Hermandad, cuyo principio era cubrirse y protegerse.

A la caída de Durazo, La Hermandad sobrevivió sin cabeza visible y mantuvo su influencia en las corporaciones policiacas.

Hay reportes de inteligencia que señalan que aun ahora existen en Tepito bandas encabezadas por aquellos que han sido jefes del Servicio Secreto y de la DIPD y que se dedican al tráfico de armas, drogas, contrabando, mercancía pirata y también a regentear a los asaltantes de transportistas.

La DIPD, mejor conocida como el Grupo Jaguar, fue creada para combatir a la delincuencia organizada, a asaltabancos y traficantes de drogas, especialmente centro y sudamericanos, que habían sentado sus reales en el DF; las jerarquía en ese grupo era de agentes, sargentos, tenientes, capitanes, mayores, teniente coronel y coronel.

El grupo terminó convirtiéndose en una mafia que tenía, según lo demuestran documentos oficiales del Archivo General de la Nación, cárceles clandestinas y centros de tortura, como el pabellón de siquiatría de la Penitenciaría de Santa Marta Acatitla.

A 25 años de la desaparición de la DIPD, Suárez Valenzuela, que imparte un diplomado en la Universidad Iberoamericana, señala que “vivimos la falta de profesionalización de la policía en la Ciudad de México y en el país”.

“La integración a la Policía Judicial del DF, de lo bueno y lo malo, dio como resultado que elementos como este Ortiz Juárez (arraigado por el secuestro y muerte de Fernando Martí) se pudieran incorporar a la fuerza policiaca. Habría que ver en su entorno, saber, sin juzgar, quiénes más de la DIPD trabajan en las policías del país”, señala el ex mando de la Policía Federal Preventiva en tiempos de Alejandro Gertz Manero.