Tradicionalmente, dependencias capitalinas han rechazado ofrecer disculpas públicas, como se pidió en el caso de la tragedia, por cometer abusos
Aunque el Gobierno del DF y la delegación Gustavo A. Madero expresaron su disposición de aceptar las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos DF (CDHDF) en torno al caso News Divine, no han enviado de manera formal el oficio para ese fin, aunque el plazo legal para notificar la aceptación o rechazo de éstas es de 15 días hábiles.
El ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, informó que Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno, expresó su disposición a acatar las recomendaciones emanadas del informe sobre el caso, lo cual consideró como una buena señal en la reparación del daño causado por el fallido operativo del 20 de junio.
Sin embargo, ni las disculpas públicas, ni la indemnización a víctimas de violación a sus derechos humanos son acciones que tradicionalmente cumpla el GDF.
En el informe del organismo sobre el News Divine, del que se desprenden 40 recomendaciones, se pidió a Ebrard y al encargado del despacho en la GAM, Luis Meneses, ofrecer una disculpa pública a las víctimas y sus familiares afectados por los hechos.
“Hablamos de una disculpa honesta y sincera, y con el simbolismo que significa una acción de Estado, porque fueron instituciones de Estado las que generaron esto”, indicó el ombudsman capitalino.
La disculpa, establecida en el derecho internacional y en el ámbito de las garantías individuales, deberá realizarse en un acto público donde los funcionarios estén acompañados del secretario de Seguridad Pública en turno, así como el procurador capitalino, además de que en medios de comunicación impresos se difunda el texto.
“Se hace en las oficinas o instalaciones de gobierno o en un lugar simbólico para la comunidad. Es una ceremonia donde se reivindica la memoria de quien murió o la imagen de los padres, y se mandan mensajes de que el gobierno se compromete a que no se repita”, explicó.
El GDF no ha cumplido con esa petición. En 2005 y 2006 una recomendación a la SSP, entonces a cargo de Joel Ortega, rechazó ofrecer una disculpa pública a familiares de una persona muerta por la actuación de preventivos.
En 2006, la Secretaría de Salud tampoco se disculpó con un recluso diagnosticado erróneamente con VIH. Mientras que a finales de ese mismo año la PGJDF se negó ofrecer disculpas a Carlos Ahumada por el maltrato que sufrió cuando elementos de dicha corporación lo aprehendieron, justo al ser liberado, según estableció la CDHDF.
El pago de indemnizaciones, como lo sugiere el órgano, tampoco es práctica común del GDF. Así lo demuestra la lista de recomendaciones pendientes o rechazadas por la SSP, PGJDF y Salud.





