La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública de la ALDF, Carmen Segura Rangel, aseguró que el operativo en la discoteca News Divine violó artículos de la ley que regulan el uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad pública.

En conferencia de prensa, se refirió a la urgencia de que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, emita el reglamento de la ley, así como la elaboración de los manuales operativos por las autoridades competentes.

En ellos, planteó, debe tomarse en cuenta la opinión de la Comisión de Derechos Humanos, de la Procuraduría General de Justicia y de las comisiones relacionadas con el tema de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

Propuso que una parte de los recursos destinados al programa Ciudad de Leyes de la Asamblea Legislativa se destine para publicar y difundir esta ley.

También que se establezca como materia obligatoria en los cursos de capacitación básica y especializada de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del distrito Federal (PGJDF).

Segura Rangel identificó entre las transgresiones a dicho ordenamiento aprobado por el pleno de la Asamblea, las referentes al Artículo 8.

Este artículo, dijo, establece cinco principios de actuación a los que deben apegarse los cuerpos de seguridad pública cuando estén en riesgo los derechos y garantías de personas e instituciones, la paz pública y la seguridad ciudadana.

Dijo que la ley establece que el uso de la fuerza pública, establece la ley, debe ser legal, racional, congruente, oportuna y proporcional.

No obstante, indicó que tras analizar los 19 errores que detectó la procuraduría capitalina en el desarrollo de los hechos, se puede concluir que el operativo no fue legal porque se violentaron derechos humanos y garantías constitucionales.

Tampoco fue racional, porque previamente no se utilizó la vía administrativa de la visita de verificación y otras acciones y medidas, antes que el uso de la policía.

Segura Rangel indicó que tampoco fue congruente, pues no hubo equilibrio ni relación entre el nivel de fuerza y el daño causado, ni oportuno, porque no se evitó que se saliera de control ni se intentó neutralizar los daños.

Señaló la pertinencia de que la autoridad cumpla con lo establecido en el Artículo 38 que obliga a los cuerpos de seguridad a celebrar un contrato de seguro, de conformidad con las leyes de la materia.

Dicho seguro debe cubrir los daños ocasionados por el policía a las personas o los bienes, cuando las autoridades competentes determinen el uso ilícito de la fuerza, detalló la asambleísta.

azc