La iniciativa de Ley de Voluntad Anticipada que discutirá, y posiblemente aprobará la Asamblea Legislativa, considera que toda la población, incluyendo personas con alguna discapacidad, pueda suscribir el documento notarial que avala la decisión de no someterse a tratamientos que prolonguen su agonía.
Según la ley, cuando la persona que solicite suscribir el documento sea ciega, no pueda o no sepa leer, los notarios deberán redactar el documento en presencia de un testigo, y lo leerá dos veces en voz alta para confirmar que su decisión de no recibir tratamiento médico al final de su vida quede clara y se pueda cumplir.
Si la persona ignora el idioma, el notario nombrará un intérprete, perito traductor, cuyos gastos costeará el interesado, quien explicará los términos y condiciones en que finalmente queda el documento.
Los legisladores proponen al jefe de Gobierno que tras aprobarse esta Ley, convenga con el Colegio de Notarios precios especiales para que el trámite quede al alcance de la mayor parte de la población.
Además, prohíben que en la redacción del documento queden espacios y hojas en blanco, colocar abreviaturas o cifras y advierten que quienes lo hagan serán multados con 500 días de salarios mínimos general vigente al momento en que la Comisión Especializada, encargada de concentrar los documentos, detecte la anomalía.
El documento podrá ser invalidado sólo por el propio signatario y nadie, ni por disposiciones testamentarias, podrá hacerlo en su nombre; si el documento aparece registrado dos veces en los archivos, será válido el último que firmó el interesado.
Como Excélsior informó hace unos meses, el Colegio de Bioética elaboró un modelo para el documento de Voluntad Anticipada acorde con la realidad en nuestro país, que incluye un espacio para establecer la donación de órganos.
Dicho modelo enumera el tipo de enfermedades o situaciones en las que la persona puede apegarse al documento para hacerlo válido, como demencia avanzada, daños encefálicos graves, enfermedad degenerativa neuromuscular en fase avanzada, cáncer terminal y cualquier otra equiparable a la condición física o mental que ocasionan las anteriores.
Aunque la ley no da a conocer el modelo que aplicará, el de los especialistas en bioética sería el más viable para la funcionalidad de la ley.
Cuando se presentó la primera iniciativa, el diputado del PRI, Tonatiuh González Case, propuso la creación de un Testamento Vida, cuyas funciones serían similares, pero abría la posibilidad de solicitar la eutanasia activa.
Tras el análisis de la propuesta, los legisladores concluyeron que la iniciativa priista implicaría autorizar la eutanasia, por lo que la dejaron fuera, además de que el testamento de vida se hace válido a partir de que la persona muere, por lo que no puede llevarse a la práctica durante la agonía.
