El documento de voluntad anticipada tendrá un costo y deberá ser respetado en hospitales privados
Rápido y sin debate, diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobaron la Ley de Voluntad Anticipada, que despenaliza la ortotanasia, pero cerraron la puerta a que sus beneficios lleguen a la población marginada o de bajos recursos, pues el trámite tendrá costos elevados al requerir, obligatoriamente, los servicios de un notario.
En la sesión, en la que pocos diputados pusieron atención a la exposición de la ley, representantes de todos los partidos votaron de manera unánime y aprobaron los 47 artículos, además de reformas al Código Penal y a la Ley de Salud, lo que permitirá, dijeron, que la ciudad se coloque a la vanguardia de las libertades y respeto de los derechos de vivir y morir con dignidad.
Las instituciones de salud, públicas y privadas, estarán obligadas a acatar la decisión de los ciudadanos que tengan el documento y, si argumentan objeción de conciencia, serán remplazados por personal de la Secretaría de Salud local.
Por otro lado, los legisladores rechazaron la propuesta del perredista Tomás Pliego, que consideraba la gratuidad del trámite para elaborar el documento y la posibilidad de que jueces cívicos dieran el servicio para que estuviera al alcance de todos.
Tras la explicación del legislador en torno del toque “incluyente” que se le daba a la ley con la adhesión de la figura del juez cívico, además de considerar gratuidad en todo momento del trámite y facilidades a personas que hablan en dialectos u otros idiomas en la entidad, la propuesta fue rechazada de manera inmediata.
“Cuando la gente sepa que tiene que pagar un notario, aun con tarifa baja, no va a ir”, consideró Pliego.
Tras meses de discusión en torno de la desepenalización de la eutanasia en el Distrito Federal, diputados de todos los partidos coincidieron en que la muerte asistida no era viable por el momento, por lo que optaron por legalizar la ortotanasia, que consiste en evitar la obstinación terapéutica y, mediante la firma de un documento notarial titulado Voluntades Anticipadas, respaldan la decisión de una persona al final de su vida, cuando padezca alguna enfermedad terminal.
De esta manera, la Ley de Voluntad Anticipada, que se pondrá en marcha en pocos días en el DF, sólo podrá ser válida cuando los enfermos terminales hayan efectuado el trámite ante un notario, que cobrará sus honorarios establecidos, a menos que el gobierno local consiga convenios para reducir las tarifas.
La ley entrará en vigor al día siguiente de que el GDF la publique en la Gaceta Oficial. La Secretaría de Salud tendrá 90 días naturales para emitir el reglamento y los lineamientos para poner en marcha la medida, y adecuar su sistema de servicio a la nueva disposición.
Rechazan probidad de jueces cívicos para firmar el documento
La negativa de los diputados de la ALDF para permitir que los jueces cívicos se sumaran a los notarios para realizar documentos de Voluntad Anticipada, aunque ellos de manera gratuita, se debe a que “es legalmente imposible que ellos realicen tramites notariales” y además “tienen fama de corruptos”.
Pese a los argumentos que presentó Tomás Pliego, promotor de la participación de jueces cívicos en estos trámites, él mismo reconoció que no gozan de buena imagen ante la sociedad, aunque confió en que al incluirlos podrían “cambiar” y apegarse a las reglas.
“Hay una teoría de que los jueces cívicos son muy corruptos, indisciplinados e ineficientes y que no se les tiene que dar más facultad, yo lo que digo es que, al contrario, es un problema que hay que resolver y legislemos sobre eso”, dijo el diputado Tomás Pliego en entrevista tras conocer el rechazo de los diputados a su propuesta.
El proyecto, dijo el perredista, pretendía que la gente no desembolsara grandes cantidades de dinero en un documento y por el contrario, se promoviera sus beneficios.
“Si actualmente los jueces cívicos dan fe de las puestas a disposición, dan fe de la soltería, dan fe de la dependencia económica, por qué no indicar expresamente en esta ley que los jueces cívicos que no cobran por lo que hacen, puedan elaborar el documento y garantizar que todos tengan acceso”, dijo.
Consideró necesario legislar para que los jueces cívicos “entren al carril” y evitar que la gente se desanime de beneficiarse al tener que pagar un notario.
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