La designación de los directores artísticos de agrupaciones públicas de danza, teatro y música es una atribución que en México recae en los diferentes funcionarios culturales en turno, quienes eligen a titulares de compañías, coros u orquestas bajo un esquema unilateral que pareciera en crisis, ya que no siempre cuentan con legitimidad que les permita asegurar su permanencia.

Protestas públicas como las que recientemente realizaron miembros de la Compañía Nacional de Danza (CND) para exigir la destitución de su director, Dariusz Blajer, no resultan novedosas en el ámbito cultural, ya que son eco de otros movimientos de descontento que se han generado en diferentes agrupaciones.

Tal fue el caso de los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), que hace dos años se unieron para promover la renuncia de su director, Arturo Diemecke, quien llevaba 16 años en el cargo. O la salida de los últimos cuatro directores de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM), quienes abandonaron su cargo por problemas con los músicos o con los titulares de las mismas instituciones que los nombraron.

Como lo explicó la promotora cultural Lucina Jiménez, la designación de los titulares de las diferentes agrupaciones artísticas está dentro de las atribuciones de los directores generales del Instituto Nacional de Bellas Artes, así como de las secretarías de Cultura, pero la realidad política y social demuestra que urge implementar nuevos esquemas de elección que tengan un carácter público y que estén abiertos a una evaluación constante.

“La elección de directores artísticos está dentro de las atribuciones de los funcionarios culturales, pero el tiempo ya no es el mismo y ahora los mecanismos de elección deberían ser bajo otro esquema. Mi opinión es que debería ser mediante convocatoria pública y a través de la revisión de proyectos de desarrollo artístico y la revisión de trayectorias personales, además de que debería haber comités artísticos y los contratos serían por plazos previamente definidos, para que luego de una evaluación se determinara su salida o permanencia”, dijo la antropóloga y autora del libro Políticas culturales en transición. Retos y escenarios de la gestión cultural en México.

Otra interrogante que se abre es la implementación del Servicio Civil de Carrera dentro del ámbito cultural, ya que, como coincidieron por separado Jiménez y Eduardo Nivón, especialista en estudios de políticas culturales, es necesario definir esquemas mixtos para lograr optimización administrativa y desarrollo libre de las expresiones artísticas.

“El caso de la CND no representa la primera vez que un grupo de artistas se molesta o tiene quejas con sus directivos, por lo que podemos decir que es un tema que se desprende de la tensión entre mantener la calidad en la administración pública y garantizar la libertad creativa y la innovación asociada al arte”, dijo Nivón.

Jiménez ejemplifica, a partir de su experiencia, que ella decidió renunciar a la dirección del Centro Nacional de las Artes luego de que le solicitaron que tomara una serie de cursos que no le interesaban como parte de su desarrollo profesional, sino que sólo servían para asegurar su permanencia en el cargo.

“En toda América se está discutiendo sobre la institucionalización de la cultura y sobre los perfiles de los servidores públicos en el medio artístico. En ese contexto los esquemas que han demostrado resultados a nivel internacional son los que combinan mecanismos que aplican el Servicio Civil de Carrera en áreas de apoyo y en la gestión de base, pero no en las direcciones generales o artísticas, que se definen mediante la revisión de experiencia y de propuestas”, recalcó Jiménez.

Excélsior solicitó una entrevista con Ricardo Calderón, subdirector del Instituto Nacional de Bellas Artes, para que ofreciera una opinión institucional sobre el tema, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo ninguna respuesta.