Con las recientes ejecuciones sucedidas en el norte del país, se demuestra que la estrategia implementada por el Ejecutivo federal para tratar de enfrentar al crimen organizado fracasó.

Dentro de esta estrategia que tenemos meses presenciando, la intervención del Ejército Mexicano, pese a sus esfuerzos, la respuesta ha sido menor a las expectativas de los mexicanos que padecen un entorno afectado por encarnizadas batallas entre el crimen organizado y las fuerzas castrenses.

La militarización no ayudó a frenar la belicosidad con la que se disputan las plazas las bandas criminales y hasta el responsable del Ejecutivo habla de un cambio de estrategia en Ciudad Juárez.

Ya no sólo los asesinados son sicarios de los cárteles, desgraciadamente vemos que la seguridad de la población quedó vulnerada y el Estado no tiene la capacidad de darle protección a sus gobernados.

Un caso específico, sobre un gobierno local que es incapaz de ofrecer seguridad a los ciudadanos, es el estado de Chihuahua, gobernado por José Reyes Baeza, quien después de la ejecución de 16 jóvenes en una fiesta, en forma por demás absurda traslada los poderes estatales a Ciudad Juárez.

Los ciudadanos de aquella entidad lo que quieren es poder enviar a sus hijos a la escuela sin preocupación, caminar sin miedo en las calles; quieren desarrollar sus actividades cotidianas sin riesgo, no quieren al gobernador asentado en su territorio.

Pero así se gobierna en Chihuahua, donde la administración del señor gobernador, sin temor a cometer una injusticia, lanza a los medios de comunicación que los jóvenes ultimados en la fiesta estaban involucrados en el crimen organizado.

No sólo sorprende la rapidez con la que el gobierno de Reyes Baeza, arropado como ministerio público, investigó y condenó a los jóvenes ultimados, sino parece que con su temerario dicho explica y justifica la situación y se deslinda de su responsabilidad al decir que fue cosa del crimen organizado.

El gobierno de Chihuahua tiene que demostrar que los jóvenes ultimados estaban involucrados en el crimen organizado, como lo deslizó, pues de ser falso estamos ante una repugnante acción, que afecta a los asesinados y a sus familiares.

Ojalá la velocidad que utilizó el gobierno de esa entidad para “investigar” el caso de los 15 jóvenes ultimados se repitiera —aunque fuera en menor proporción— en los dos mil 444 ejecutados que Excélsior reportó en 2009, lo que da la vergonzosa cifra de siete ejecuciones por día y el desastroso primer lugar, en asesinatos de esa clase, al gobierno de Reyes Baeza durante el año pasado.

Por eso el Partido de la Revolución Democrática en su Tercer Pleno del Séptimo Consejo Nacional, instruyó a sus legisladores en el Senado de la República a realizar una petición ante el Pleno de la Cámara alta que, en caso de aprobarse, se nombre a un gobernador provisional, elegido entre una terna propuesta por el Ejecutivo.

Asimismo, los integrantes del Consejo Nacional del PRD instruyeron a su único diputado local en Chihuahua, Víctor Manuel Quintana, a hacer el mismo pronunciamiento ante el Congreso de la entidad.

En el caso de que el Senado determine la desaparición de poderes constitucionales en el estado, se procede a formular la declaratoria para nombrar a un gobernador provisional.

*Presidente nacional del PRD

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