Los contratos entre la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación escapan a toda clasificación racional. Las pruebas históricas apuntan a que, si el SNTE no cumple su parte, no sólo no se le sanciona, sino que recibe recompensas, ya materiales, ya simbólicas. Tres pactos de la historia reciente servirán para ilustrar el punto.

El 18 de mayo de 1992, en una ceremonia al amparo de los rituales del régimen de la Revolución Mexicana, la SEP, el SNTE y los gobernadores de los estados firmaron el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Detrás de la retórica grandilocuente, las partes se obligaron a elevar la calidad de la educación: “De acuerdo con el legado de nuestro liberalismo social, la educación debe concebirse como pilar del desarrollo integral del país. El liberalismo social ofrece las pautas de una educación pública de calidad, que prepare a los mexicanos para el desarrollo, la libertad y la justicia”. Los firmantes también pactaron la reorganización del sistema educativo, la reformulación de los contenidos educacionales y la revaloración de la función magisterial. El gobierno cumplió a medias con esa encomienda y el SNTE nada más tomó lo que le favorecía.

La reorganización del sistema implicaba la descentralización, de la educación básica y la normal, del gobierno central a los estados, mas resultó en una concentración mayor del poder y el crecimiento de la burocracia. El Sindicato mantuvo su carácter nacional, vertical y centralista y, con ello, doblegó a los gobiernos estatales. La reforma curricular se llevó a cabo, pero sus consecuencias en la práctica escolar han sido mínimas. La revaloración social de los maestros resultó en un esquema de estímulos monetarios a la carrera magisterial, que le ha costado al país miles de millones de pesos, pero la calidad de la enseñanza no ha mejorado.

El 8 de agosto de 2002, el gobierno de Vicente Fox convocó a la República a firmar el Compromiso Social por la Calidad de la Educación. La retórica también fue pomposa y, además, vacua. “Una vía privilegiada para impulsar el desarrollo armónico e integral del individuo y de la comunidad es contar con un sistema educativo de buena calidad. Para mejorar la educación pública y privada en todos sus niveles y modalidades debemos crear una cultura nacional que la identifique como el medio fundamental para lograr la libertad, la justicia y la prosperidad individual y colectiva”.

Parecería broma, mas los firmantes se comprometieron a cumplir con lo que deberían ser sus actividades normales: la SEP, a ser la rectora de la educación; los legisladores, a legislar; el magisterio, a trabajar; las instituciones de educación superior, a ofrecer programas educativos de calidad; los padres de familia, a llevar a sus hijos a las escuelas; los científicos, a realizar investigaciones; las organizaciones sociales, a apoyar lo que dijeran el SNTE y la SEP; los empresarios, a invertir y, los medios de comunicación, a comunicar. Además, el SNTE se comprometió a impulsar una nueva cultura laboral “orientada hacia la mejora de la calidad”.

La oferta insigne de aquellos documentos era elevar la calidad de la educación pero, según todas las pruebas disponibles, no ha mejorado nada. Aunque, si sirve de consuelo, tampoco ha ido para atrás. Las palabras libertad y justicia, más que conceptos elevados, parecían trozos de ornamento; no hay nada en el andamiaje institucional o en la práctica de la educación mexicana que conduzca a la promoción de esos valores.

Lo que extraña es que el gobierno siga considerando al SNTE o, con mayor precisión, a su camarilla dirigente, como socio confiable. Después de haber tropezado dos veces con la misma piedra, el gobierno signó la Alianza por la Calidad de la Educación el 15 de mayo de 2008, cuya acción más destacada fue el Concurso Nacional Público para el Otorgamiento de Plazas Docentes.

En este pacto, la noción de la calidad va en el título, pero todo indica que el SNTE quiere dejar morir a la ACE, al menos lo de los exámenes, mientras reclama a la SEP por sus “incumplimientos”.

Según muchas organizaciones sociales, el SNTE nunca ha sido digno de confianza, pero la SEP se sigue fiando de sus promesas. Mala estrategia, con esos pactos, la Secretaría se está ganando la suspicacia de la sociedad.

*Académico de la UAM

Carlos.Ornelas10@gmail.com