Una de las palabras más “sobadas” entre nosotros es “cambio”. Ahora sí “el cambio” será en 2010, advierte el presidente Calderón dos meses después de haber prometido ya una “transformación profunda”. Nos ufanamos de él, tanto como nos perdemos de éste. Soñamos con que venga, desde el inmovilismo. Qué fácil es hablar del cambio, que difícil hallarlo en la realidad. No somos proclives al cambio real, sí a la retórica o a la mercadotecnia publicitaria de éste como promesa de venta electoral.

La inercia demagógica y vacua es especialmente grave cuando domina a la clase política, porque en la naturaleza de la actividad política está, precisamente, el cambio. La capacidad de anticipar el futuro, de resolver conflictos, nuevas demandas y problemas, de todo aquello que puede venirnos encima. Gobernar es saber rectificar.

Pero nuestra experiencia indica que es muy difícil rectificar una política, o incluso el rumbo del país, si quien toma las decisiones no vislumbra que las cosas pueden hacerse mejor. Gobernantes de distintos “colores y sabores” comparten la suerte de estar ligados a sus errores porque no ven nada mejor que puedan hacer. Y si no ven nada mejor frente a sí, la pregunta que los domina es, ¿por qué entonces debería dejarse lo que se tiene?, es decir, dejar sus zonas de confort e intereses creados, correr el riesgo de cambiar, de ceder, de vivir la incertidumbre que implica hacerlo de otra manera… ¿Qué hay del costo electoral?, siempre preguntarán.

Dos ejemplos de la coyuntura son ilustrativos. Las respuesta de los secretarios de Hacienda, Agustín Carstens y de Desarrollo Social, Ernesto Cordero, a las críticas de premios Nobel sobre el manejo de la crisis económica y el “agua de borrajas” en que se diluyó la promesa de “transformación profunda” del presidente Calderón con la aprobación del Presupuesto 2010.

No había otra cosa que se pudiera haber hecho, ha venido a decir Carstens a todo el mundo. Casi podría haber agregado: “¡¿Cómo será posible que no me comprendan?!”. Tan segura es su respuesta que más bien habría que agradecerle que la economía no se haya desplomado más del 7%, la peor desde 1932.

En poco tiempo, varios premios Nobel de Economía, maestros de Carstens, se han pronunciado contra la política adoptada contra la crisis económica en México. Lo hizo James Heckman, Robert Engle, Edmund Phelps y Eric Maskin, y ahora el también Jospeh Stiglitz. Sus críticas reclaman una reacción tibia del gobierno frente a la recesión internacional y elegir políticas erróneas.

Pero, al igual que Cordero, la respuesta ha sido mandarlos a leer y actualizarse sobre México porque si tuvieran la información adecuada sabrían que no se podría haber hecho nada distinto.

Algunos les reclaman dejar actitudes soberbias. Pero más allá de esto, lo preocupante es que realmente estén convencidos de que la innovación o lo que se ha hecho con éxito en otros países aquí no habría servido de nada. Porque entonces no hay nada que cambiar ni que modificar o rectificar. No ven nada mejor frente a sí y, por supuesto, tampoco imaginan de qué otra manera podría haberse enfrentado la caída de los ingresos petroleros y el impacto de la recesión internacional, sino es como ellos lo hicieron. Ante estas circunstancias habrían venido a explicarnos que no se pueden dejar los equilibrios macroeconómicos ni el reparto inequitativo de la riqueza ni el desempleo. En el fondo no creen que se pueda estar mejor si corremos el riesgo de revertir la desigualdad, de usar la fuerza del Estado para crear empleo o abrir cuellos de “botella” para la competitividad como los monopolios o los “nudos” sindicales en la educación. O si lo creen, no acaban de vislumbrar qué podrían haber hecho mejor para llegar a eso. Incluso, replicarán, hemos buscado grandes acuerdos…, pero aquí no se puede.

Ya Baltasar Gracián advertía desde el siglo XVII de la importancia de evitar padecer la enfermedad del necio, que es difícil cuando se traduce en asuntos de interés público como el presupuesto del gobierno federal. Ahí también han venido a decirnos que la negociación fue la mejor que se pudo obtener frente al poder de los gobernadores. Esa es la realidad, esos sus límites. La lógica es la misma, quien tenga información de que las reglas en el reparto de privilegios y pagos políticos hoy la hacen los gobernadores, sabría que el Ejecutivo no podría haber hecho nada distinto con el presupuesto. Quien piensa diferente, o cree que se podía haber resuelto de otra manera, padece el mismo problema que los mercados: les falta información.

El que no ve, perdón por la obviedad, pero es ciego.

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