Una buena: el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, acepta que la estrategia del gobierno federal frente al crimen organizado puede no ser la adecuada; una mala: frente a los resultados, pregunta el mismo funcionario “si existe una alternativa posible o mejor”, lo que implica que la autoridad no sabe qué hacer. Dicho de otra manera, acepta que los resultados no son precisamente buenos, pero nos espeta la máxima siqueiriana de “no hay más ruta que la nuestra”.

En lo primero tiene razón: en tres años suman decenas de miles los muertos por la llamada guerra contra el narcotráfico, pero ni así se ha podido abatir el comercio de estupefacientes en el territorio nacional y las mafias mexicanas ya no son una mera extensión de las colombianas, sino que han asumido la dirección del negocio a escala internacional y ya operan exitosamente en Europa.

En lo segundo, resulta preocupante que el encargado de la política interior ignore que, ante el rotundo fracaso de la actual estrategia, existen opciones aplicables e históricamente probadas, algunas de las cuales son punitivas, como el rastreo bancario de las narcofortunas, y otras, conciliadoras, como la despenalización reglamentada de ciertas drogas, lo que ha sido un éxito donde se ha aplicado.

Felipe Calderón no puede con el paquete. No es únicamente un asunto de aptitudes. El michoacano llegó al poder en forma atropellada y una ancha franja de la ciudadanía no cree que haya tenido mayoría de votos. Esa circunstancia le quita el apoyo social indispensable para combatir con éxito la criminalidad, pues ya se sabe que la guerra es continuación de la política, no suplantación ni aplicación de la fuerza en el vacío, sin las necesarias ataduras con el interés social y la identificación de la gente común con las medidas que adoptan las autoridades.

Para muchos observadores una falla clave en el fracaso de la cruzada anticriminal es la mala selección de los protagonistas. El equipo humano escogido por Calderón para aplicar la violencia policiaca dista de ser el más calificado y tampoco goza de buen cartel frente a la sociedad mexicana. En este punto le va mejor al Ejército nacional y a la Armada de México, pero llevan tres años de estar en las calles, no siempre con respeto por la ley ni acierto en sus actividades.

Mantener más tiempo a los soldados en las calles sólo incidirá en un mayor desprestigio de las Fuerzas Armadas, pues no están hechas para desplegar acciones policiacas ni mucho menos para permanecer en esa función tanto tiempo. Lo saben los mandos y la tropa, de ahí que se hable de malestar o de inconformidad entre los uniformados, que para colmo tienen que lidiar con la corrupción, prepotencia y complicidades criminales de los jefes policiacos a los que Calderón, por otra parte, se empeña en mantener en sus cargos.

Por si algo faltara, la actual administración —llamarla gobierno sería exagerado— llegó al poder cuando el viejo régimen es algo menos que un cascaron vacío y resquebrajado, después de un sexenio panista de frivolidades e ineptitud, en momentos en que se agota el petróleo de exportación y con un sistema fiscal con enormes deficiencias, incapaz de propiciar el pago de impuestos y de colectar lo prometido; con el Ejecutivo peleado con los empresarios y sometido a los chantajes del PRI. En esas condiciones, el único camino que no deben recorrer Calderón y los suyos es el que tercamente llenan de cadáveres, dolor y desesperanza.

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