Nuestra ciudad capital, ahora convertida en centro y corazón de una de las más grandes conurbaciones del mundo, se fundó sobre una laguna. La decisión de vivir en permanente desafío al agua, a más de añadirle un toque de singularidad a la historia de la urbe, ha impuesto e impone a sus respectivos gobiernos la capacidad y los recursos de manejar el líquido en dos obligadas y diferentes técnicas: construir para permanecer con asegurada impermeabilidad y conducir el líquido para beberlo, garantizando en forma simultánea los ductos para el líquido sucio y contaminado.

Las grandes inundaciones no han sido novedad. Figuran como un daño probable. Ya en los tiempos precolombinos, Netzahualcóyotl construyó una obra con el fin de salvaguardar las construcciones dedicadas a ceremonias religiosas y civiles (lo que hoy conocemos como el núcleo del Centro Histórico). Se han registrado importantes desbordamientos, como el célebre sucedido en el siglo XVIII y el de la década de 1930 a 1940, donde el área céntrica, durante el temporal, anegaba la zona adyacente al mercado de San Juan y causaba considerables pérdidas a comerciantes y vecinos.

El peligro es latente y hace menos de 20 días mostró su fuerza en la parte norte de la ciudad, previamente castigada con tormentas por el rumbo del aeropuerto, donde las inundaciones han dejado a su paso cuantiosas pérdidas a los habitantes, desprevenidos e indefensos, ante los excesos hidráulicos.

Suena a exageración calificar como tragedia colectiva la de partes de la ciudad inundada. Al vivir tiempos donde la ciencia y la tecnología nos proporcionan día con día avances innegables, constituye verdadera sorpresa saber la incompetencia indiferente de los tres niveles de gobierno ante un peligro de consecuencias previsibles.

La inundación también afectó colonias ubicadas en municipios del Estado de México. El gobernador Peña Nieto se presentó con los afectados, recorrió las zonas dañadas y dispuso que las autoridades municipales y su gobierno cumplieran con lo dispuesto en el Código Civil: pagar los daños a los ciudadanos afligidos en espacios públicos y privados, por ser una responsabilidad de quienes ejercen la autoridad.

La opinión pública no está enterada de la magnitud de ese problema. Estaba atenta a los argumentos encontrados alrededor de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, y de los aumentos a las contribuciones. Esperaba una actitud analítica y juiciosa del Senado, con detenimiento en saber el destino justificado de las cuantiosas cantidades para ejercerse al gasto público o a inversiones en obras hasta ahora invisibles.

Ya se conoció la aprobación. Supimos una verdad harto experimentada: el presupuesto nunca es reconfigurado por los legisladores, porque ignoran la materia, desconocen el verdadero destino y ningún senador se detiene a investigar el porqué del monto, en cuánto tiempo se consumará el pago y si la obra, inversión o gasto se realizarán en tiempo y forma y, sobre todo, cuáles son los beneficios específicos.

Como con las inundaciones: ignoramos nombre y domicilio de cada afectado; cuánto va a pagarles la autoridad de indemnización y ayuda; las obras por realizarse para impedir, en años futuros, más inundaciones y, algo substantivo: la campaña de conocimientos hidráulicos entre los vecinos, con derecho innegable a seguir viviendo en la misma zona o cambiar para su probable beneficio.

Cada vez las autoridades confirman la cortedad de su estatura.

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