Horas antes de que la policía descubriera los cadáveres de cuatro personas que recibieron tortura antes de morir, sibilino, Mauricio Fernández, por segunda vez alcalde de San Pedro Garza García, Nuevo León, ya había informado sobre la muerte de Héctor Saldaña Perales, más conocido por el remoquete de El Negro, uno de los ejecutados.

La clarividencia del edil marcha de acuerdo con sus propósitos de hacer pagar a los delincuentes “con su propia cara” o, para ser más claros, con su vida, para lo cual hace varias semanas adelantó que integraría “grupos de trabajo rudo” que tendrían como encomienda limpiar de criminales el municipio de Garza García.

Para cumplir con tan loable finalidad, el presidente municipal dijo a sus gobernados: “Les anuncio que me voy a tomar atribuciones que no tengo”, lo que no debe hacer, y advirtió que los criminales “van a entender, por las buenas o por las malas”, que él y su gente no aceptarán “ningún tipo de secuestros”. Después de lo ocurrido, don Mauricio tendrá que explicar a las autoridades judiciales cómo le hizo para adivinar que El Negro sería asesinado, por cierto, en compañía de tres de sus hermanos.

Otro asunto que deberá aclarar el señor alcalde es por qué aceptó la ayuda de narcotraficantes “para resolver el tema de la seguridad” a cambio de permitirles operar sin estridencias, sin ostentar su negocio, sino con discreción. A esos mismos criminales, afirma don Mauricio, se debe que las cosas estén en paz: “El orden público lo han cuidado mucho ellos, no creas que nuestros policías”, le dijo a un periodista, lo que representa un aporte revolucionario para las políticas de seguridad: es mejor dejar el orden en manos de quienes lo trasgreden.

La justicia por propia mano o mediante sicarios, como parece el caso, es por supuesto ilegal, pero en el México de hoy es obvio que goza de amplia aprobación social. Poco importa que quienes aplican la receta y administran la medicina sean también delincuentes. Pero, en fin, es un asunto del que debe hacerse cargo el Ministerio Público.

Las ocurrencias de don Mauricio son hijas de la desesperación colectiva a la que intenta responder como hemos visto. La sociedad quiere, exige, medidas drásticas para combatir con eficacia al hampa, que ciertamente se ha enseñoreado de vastas porciones del territorio nacional. Lo que hace el alcalde de Garza García es lo que, a lo largo de nuestra historia, han hecho diversos gobernantes con desigual resultado.

Después de sus guerras civiles, México se vio infestado de bandoleros. La sociedad, aterrorizada, aprobó el empleo de métodos expeditivos como la ley fuga, el confinamiento de familias enteras a sitios muy alejados de sus lugares de origen, los trabajos forzados, el incendio de poblaciones, la leva y otras medidas generalmente ilegales pero efectivas, como las concesiones a los caudillos levantiscos.

La fuerza sin política es tan ineficaz como la política sin fuerza. Por eso, cuando la criminalidad llega a un punto en el que pone en riesgo la viabilidad del Estado, sólo queda emplear una sabia mezcla de negociación y violencia, de concesiones a los capos criminales y rigor con quienes no acepten entrar al huacal.

Las realidades pueden más que la moral o el derecho y el instrumento para restablecer el orden es la política. No le vendría mal a nuestra clase política leer a Maquiavelo o enterarse de lo que hizo Roosevelt para acabar con la criminalidad suscitada por la prohibición antialcohólica.

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