Función central del Estado es mantener el orden. Señalarlo es una tautología, pues, entre otras cosas, el Estado es el orden, pero lo cierto es que muchos políticos lo ignoran y adoptan medidas que atentan contra la estabilidad social y jurídica, contra los intereses de la economía y contra la integridad de la nación. Los ejemplos abundan.

Es irresponsable que con el país sumido en una terrible crisis económica, de un plumazo se mande a la calle a más de 40 mil trabajadores y de paso se deje sin ingresos a muchos miles más que dependían de los electricistas, como ocurre con los proveedores de la empresa, hoy imposibilitados de mantener el flujo de mercancías y servicios.

Otro ejemplo de esa irresponsabilidad es la aprobación del paquete fiscal para 2010 por la Cámara de Diputados, que aumenta el IVA a 16 por ciento e impone nuevos gravámenes en varios órdenes, lo que lesiona de manera directa a los sectores medios, pues la enorme masa de desocupados y subempleados no paga impuestos y, de hacerlo, su aporte resultaría insignificante. Lo que sí representa una suma considerable, suficiente incluso para tapar el hoyo fiscal, es lo que dejan de pagar las grandes corporaciones, favorecidas por una legislación fiscal que prácticamente las exime de impuestos.

A preservar ese régimen de privilegios contribuye la decisión de posponer el pago de impuestos de las empresas que participen del llamado triple play (telefonía, internet y TV por cable), dizque para propiciar la competencia. Esa posposición del pago de impuesto se ha convertido en una mina de oro para las grandes empresas, únicas capaces de aprovechar la medida, pues en los hechos podían posponer indefinidamente el pago, lo que ahora trata de evitarse cobrándoles 40% de inmediato y obligándolas a realizar cuatro pagos de 15% cada uno, proyecto que ya puso en pie de guerra a los gigantes empresariales.

La consolidación es otro mecanismo dispuesto por la ley para beneficiar a las corporaciones legalizando la evasión de impuestos, pues cuando en un grupo hay empresas prósperas, se le crean empresas destinadas a perder y a la hora de presentar cuentas a Hacienda las pérdidas de unas anulan las ganancias de otras.

Para justificar el aumento de impuestos, el diputado priista Francisco Rojas dijo que querían volver a Los Pinos, no a la ruina de Los Pinos. El argumento parece válido, pues de seguir las cosas como hasta ahora, nadie sabe qué puede quedar del país en 2012. Sin embargo, lejos de atacar los privilegios y fraudes legales o de modificar en serio la legislación fiscal para facilitar el pago de impuestos, la diputación del PRI, la que responde al interés de los gobernadores, optó por lesionar todavía más la dañada economía popular y aun a los empresarios que crean empleos. Y eso es atentar contra el orden y hasta contra los planes a futuro, pues de llegar a la Los Pinos sólo recogerían tepalcates.

Manlio Fabio Beltrones, que tiene el colmillo más largo, ya salió a declarar que el Senado no aprobará el paquete enviado por la llamada Cámara baja, por lo menos no el aumento al IVA, lo que por cierto daría más recursos para publicidad a los gobernadores, especialmente al del Estado de México. Impidiendo el desaguisado contra los contribuyentes, Beltrones gana simpatías entre asalariados y empresarios y simultáneamente le mete una primera zancadilla a su principal contrincante en la carrera por la candidatura presidencial del PRI. Carambola de tres bandas.

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