El tema del agua demanda perspectivas regionales y globales. La visión sobre el líquido su distribución, protección y consumo involucra y excede la capacidad de estados y sociedades. Las normas y las políticas públicas son las mejores herramientas para su protección. Hace 50 años implicaba la atención de los gobiernos locales, hoy involucra y demanda soluciones globales que integren los trabajos de las instituciones de gobierno, de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, de académicos, de especialistas y, sobre todo, de los ciudadanos. Por ello resulta de especial interés que la UNAM, siempre a la vanguardia de los temas mundiales, realice en este momento un foro sobre el agua. Considerar esa problemática justo en el momento de discusión del Presupuesto en la Cámara de Diputados nos hace recordar que hay temas tan vulnerables que por sí mismos pueden ocasionar daños graves pero, combinados, resultan sumamente peligrosos, por ejemplo, la falta del vital líquido en tiempos de influenza.

En el cuarto Foro del Agua, realizado en 2005 en México, Koïchiro Matsuura, director general de la UNESCO, aportó datos relevantes: para el año 2030, 67% de la población mundial (cinco mil millones de personas) podría quedarse sin acceso a agua limpia; de este total, 90% vive en países en desarrollo.

Durante la LX Legislatura de la Cámara de Diputados (2006-2009), se presentaron 26 iniciativas relacionadas con el agua en busca de generar un marco regulatorio en torno a los servicios públicos y privados, brindar autonomía a los organismos gubernamentales encargados del servicio, atender la regularización de las concesiones para la explotación, el uso y aprovechamiento del líquido, fortalecer políticas de explotación y regulación de mantos acuíferos y aprovechar sus otras modalidades, como la lluvia.

Los parlamentos, legislativos y congresos deben buscar mejores formas de financiamiento para la prestación del servicio y fortalecer las instituciones base de una política global del agua. El problema de su conservación y distribución implica garantizar formas de financiamiento para repartirla en forma eficiente, transparente y clara, sobre todo cuando participa el sector privado. El agua es un derecho humano, por lo que la gestión de los recursos hídricos (GIRH), las políticas públicas y la normatividad deben priorizar la atención de las regiones, comunidades o pueblos carentes del líquido o con servicios insanos. La explotación, la conservación y el aprovechamiento del agua deben ser vistos como el cumplimiento de un deber moral y ético y no un ejercicio de ganancia mercantil.

Después de cinco foros mundiales sobre el tema, éste sigue siendo considerado por muchos gobiernos un asunto de prestación de servicios donde importan solamente las formas de financiamiento, las nuevas tecnologías o los mecanismos reguladores de inversión, pero tener agua limpia y suficiente debe ser considerado un derecho humanitario global, un derecho que se inscriba en los principios básicos universales y oriente las normas regionales para que todo ser humano tenga derecho a agua limpia y suficiente. El 2008 fue declarado el Año Internacional del Saneamiento. Éste implica “el acceso y la utilización de servicios y utilizaciones (sic) para la eliminación de excretas o aguas residuales que aseguren la privacidad y la dignidad, y que garanticen un ambiente limpio y saludable para todos” (40% de la población mundial no accede al saneamiento: dos mil 500 millones de personas).

Desequilibrado el mundo ante procesos económicos que rebasan fronteras y derrumban naciones, hoy, más que nunca, las visiones normativas y de política pública deben adoptar compromisos sociales que reduzcan la marginación, la pobreza y la exclusión social. En México, más de 12 millones carecen del líquido y 24 millones no tienen sistema de alcantarillado (INEGI).

El agua es principio y base de la humanidad. Ninguna civilización queda al margen de ella, sea como instrumento para fortalecer su desarrollo o elemento insustituible para la preservación de la vida.

Impedir el acceso al líquido o marginar a grandes grupos de población (por carecer de recursos económicos) contraviene los derechos elementales del ser humano y es, también, una falla ética y moral de quienes podemos acercar los instrumentos normativos y las herramientas institucionales para evitarlo.

ruthzavaletas@yahoo.com