Muchos se han creído llamados a encabezar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero solamente uno será el elegido. El candidato de mayor proyección es Emilio Álvarez Icaza, que fue durante ocho años presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Ahí tuvo una más que plausible gestión. En su contra, seguramente pesará la opinión de los sectores más oscurantistas de la Iglesia católica, que le reprochan no haberse opuesto al aborto reglamentado que está vigente en la Ciudad de México. Igualmente, lo que debiera ser una buena carta de presentación, el apoyo del PRD y de doña Rosario Ibarra de Piedra a su candidatura, puede convertirse en un motivo para impedir su nombramiento.

Un caso semejante es el del general y licenciado en derecho Francisco Gallardo, que a partir de su caso personal se hizo de un amplio conocimiento de la materia y desarrolló exitosas estrategias de lucha contra quienes se empeñaban en mantenerlo en la cárcel. La probada firmeza del general Gallardo garantiza que no se prestaría a componendas, lo que establecería un severo contraste con la actual presidencia de la CNDH. En su contra tiene el imaginable veto de las Fuerzas Armadas, que no puede ser ignorado.

Hay cierto cinismo en la participación en este proceso de algunos candidatos y candidatas. Un caso es el de la señora María de la Luz Lima Malvido, acusada ella misma de violar y promover la violación de derechos humanos, lo que hace inexplicable su presencia en la lista de candidatos. Un caso semejante es el de Patricia Olamendi, que sirvió a Jorge G. Castañeda en su campañita contra el gobierno de Cuba mientras guardaba silencio ante la sistemática y cotidiana violación de derechos en perjuicio de nuestros connacionales en Estados Unidos. Guadalupe Morfín hizo un buen papel en Jalisco, pero fracasó rotundamente ante el caso de las muertas de Juárez, lo que constituye un antecedente ineludible.

Gerardo Laveaga es un funcionario inteligente y preparado, pero no le favorece el haberse desempeñado durante varios años como director del Instituto Nacional de Ciencias Penales, pues se le considera parte del círculo de poder dentro de la Procuraduría General de la República. Tampoco le ayudan declaraciones recientes en las que adelantaba su disposición para entenderse con las autoridades a las que un ombudsman debe enfrentarse.

De Raúl Plascencia, hasta ahora primer visitador de la CNDH, lo menos que se dice es que se trata del delfín de José Luis Soberanes Fernández, lo que en modo alguno es una buena recomendación. Javier Moctezuma, funcionario serio y hombre estudioso, tiene la misma desventaja. El candidato de Santiago Creel es Ricardo Sepúlveda y en serlo radica su mayor debilidad.

Quedan en realidad dos candidatos fuertes: Luis Raúl González Pérez, quien sorteó con acuciosidad y profesionalismo el reto que le significó ser fiscal especial del caso Colosio, es actualmente abogado general de la UNAM y cuenta con simpatía y respeto en el ámbito jurídico. El otro gallo es Mauricio Farah, que fue hasta hace pocas semanas quinto visitador de la CNDH pero a quien, a diferencia de otros funcionarios de esa institución, no se le liga con Soberanes. Se le conoce como alguien probo, entregado y responsable, tiene interlocución con el poder y, si la lógica juega en este caso, no es aventurado decir que entre estos dos últimos está el futuro presidente de la CNDH, aunque nunca se descarta el factor sorpresa.

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