Último recurso del desesperado es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es un órgano cuya palabra condenatoria o absolutoria alcanza a toda autoridad responsable de esconder o abusar de la ley, en perjuicio del ciudadano común. No existe funcionario exento ante sus recomendaciones. Puede ser secretario de Estado, gobernador, ministro o uno entre los miles de presidentes municipales. Su gran defecto es el desconocimiento de cómo y cuándo debe ser utilizada, porque a la fecha vive, se esconde, en las sombras de una burocracia contagiada de la arrogancia oficinesca de los cuerpos oficiales. En suma, es equilibrio de poder.

Como la mayoría de nuestras instituciones, fue creada con la esperanza y la buena fe de servir como vigilante, contrapeso e indicador decisorio de los atropellos comunes al ciudadano en sus legítimos derechos, en especial en aquellas autoridades abusivas en el uso del poder. Es el remedio práctico contra los déspotas y quienes, movidos por intereses malignos o mal intencionados, se sirven de sus puestos para atropellar al ciudadano.

La importancia de quien sea el responsable de conducir institución tan necesaria a la mayoría anónima es similar al pan para el hambriento. Y llegó a su término la responsabilidad del abogado José Luis Soberanes, sobrado de conocimientos legales y de una excesiva discreción.

Esa posición promotora de reparar injusticias despertó la voracidad de los partidos políticos, de los grupos empresariales, de los ricos muy ricos, sostenedores de organizaciones-membretes ansiosos de hacerse con el pastel del poder, de las camarillas políticas y de quienes ven la oportunidad de saciar su exhibicionismo a sabiendas de no tener ninguna coyuntura para lograrlo, todos quieren incidir en la titularidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se inscribieron ¡más de 39 aspirantes!

Sobran convenencieros y exhibicionistas. Está Emilio Álvarez Icaza, recién salido del mismo organismo en el Distrito Federal, quien nunca recibió a las familias afectadas por las inundaciones de hace 40 días en las zonas cercanas al aeropuerto; se anotó una ex subsecretaria de Relaciones Exteriores y la ex comisionada de la mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, con rango de subprocuradora de la PGR.

Los posibles son: Raúl Plascencia, primer visitador de la Comisión, heredero del actual responsable Soberanes; Luis Raúl González Pérez, dueño de una prolongada carrera administrativa universitaria, profesor de garantías constitucionales en la Facultad de Derecho y abogado general de la UNAM, quien tuvo el cuidado de salirse de su puesto para evitarle descalificaciones a la institución; y Javier Moctezuma Barragán, ex subsecretario, ex embajador, muy identificado con el clero católico. La treintena restante carecen de la estatura indispensable a las exigencias del puesto.

Los aspirantes olvidan lo sustantivo: tener autoridad moral, historial académico sobresaliente, ética y de comportamiento intachable donde han servido.

Por las múltiples ambiciones despertadas se mide la importancia de la institución. El Senado de la República tiene la responsabilidad de escoger conforme a honradez, coraje, versado en el derecho, sereno, ecuánime, sin compromisos partidarios ni empresariales ni de grupos enquistados en el gobierno, en síntesis, seleccionar al más apto.

Es una decisión para el bien nacional.

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