La propuesta del secretario de Seguridad Pública para desaparecer la policía de los municipios es la muestra de una política que no apuesta por la autonomía y el fortalecimiento de esa institución de gobierno local.

Existen dos grandes visiones contemporáneas en el mundo, respecto al combate a la inseguridad pública y al crimen organizado. Una es la de Estados Unidos de América, con el proyecto de “ventanas rotas”, y la otra es la italiana con el llamado “Palermo”. El primero recurre a la política de “tolerancia cero” y el segundo se denomina el de la carreta, es decir, la rueda de la prevención y la de la aplicación de la ley (el fortalecimiento de la “cultura de la legalidad”). Estos dos sistemas fundamentan las políticas públicas diseñadas, en muchos países, sobre la seguridad pública.

En México, desde la izquierda, manifestamos que la política coercitiva tiene que ir acompañada por una de generación de empleo y combate a la pobreza, pero, además, desde algunas experiencias de gobierno local, varios hemos adoptado la política híbrida del sistema Palermo. De ahí surgieron “mochila segura”, “escuela segura”, “sendero seguro”. El sistema es muy sencillo y tiene que ver con dimensionar el peso de la prevención de los delitos y de las adicciones desde el pacto social que debe generar la autoridad municipal entre los ciudadanos. La estrategia tiene su base en la autonomía del municipio y los recursos con los que cuenta. En primer lugar, debe pactarse con la autoridad federal y la del estado las funciones de cada uno y establecer una coordinación cotidiana para medir la comisión de delitos. Esta coordinación debe ser dirigida por el presidente municipal o el jefe delegacional y deben participar los integrantes del “gabinete” delegacional o el cabildo; en segundo, tienen que involucrarse los diferentes sectores de la demarcación territorial, el educativo, el empresarial y el religioso, además de la representación ciudadana, que pueden ser los legisladores, los representantes de organizaciones vecinales, sociales y políticas y, en tercero, debe haber una evaluación de los índices delictivos, desde los tres ámbitos.

El jefe delegacional o presidente municipal se hace cargo exclusivamente de la seguridad preventiva. Su policía tiene que ser una de barrio, casi elegida por los ciudadanos de la demarcación bajo el principio de honorabilidad, y debe realizar actividades de presencia, con el fin de inhibir la comisión de los delitos: si hay un policía parado fuera de una escuela pública o de un puente peatonal donde se distribuye droga o asaltan, automáticamente esto frenará a quienes lo hacen.

Los policías estatales y los federales son los encargados de enfrentar delitos mayores, incluso de investigación y seguimiento al crimen organizado. En el caso de los funcionarios públicos del gabinete o de los cabildos, éstos deben impulsar políticas de prevención de los delitos (mantener las calles iluminadas, rescatar las escuelas y sus alrededores con señalamientos viales, iluminación y poda de árboles que impidan visibilidad; rescatar los espacios de recreación y actividad deportiva, que puedan ser utilizados para distribuir drogas o realizar otras actividades delictivas). Los empresarios tienen que invertir en la zona y participar de la denuncia de actos delictivos y los promotores de cultos religiosos deben impulsar una convocatoria contra la violencia y los delitos (desde el ámbito moral de la sociedad, para cohesionarla). Pero, sin lugar a dudas, la mayor responsabilidad es la del sector educativo, pues, desde su ámbito, debe impulsar una educación preventiva y de pertenencia cívica, social e histórica y promover la identidad de los valores éticos de una sociedad. La “mochila segura” y el “sendero seguro” son programas que deben generar empatía entre los niños y los jóvenes con quienes se ejerce, por lo que la cohesión de los padres de familia, desde el ámbito preventivo, contra las adicciones, es fundamental.

Un jefe delegacional o presidente municipal es la figura más inmediata a quien se culpa del fracaso o el éxito de una política pública, pero deben contar con las herramientas legales y el apoyo material, económico y los recursos humanos para ser eficientes y funcionales. Por lo expuesto, debemos decir no a la desaparición de las policías municipales y sí al cambio de estrategia de seguridad pública: la seguridad preventiva debe sumarse a la coercitiva, para que nuestra carreta funcione.

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