Alo largo de cuatro años, la revista Contralínea que dirige Miguel Badillo publicó una serie de trabajos sobre el contratismo en Pemex. Los textos fueron elaborados por la acuciosa reportera Ana Lilia Pérez, quien se allegó documentación que analizó a conciencia y tomó declaración a numerosas personas, con todo lo cual escribió los reportajes que hoy la tienen a ella y a su director a un paso de la cárcel.

Sucede que uno de los declarantes es ejecutivo del grupo de empresas de la familia Zaragoza, que se molestó porque en alguno de los textos se mencionan las aportaciones que hizo el grupo a la campaña de Felipe Calderón. Enojado, amenazó a la revista, a su director y a la citada reportera con interponer demandas contra ellos mediante todas y cada una de sus ochenta empresas. Y lo ha venido haciendo. Para empezar, hay tres demandas interpuestas en Guadalajara, una en Mazatlán y otra en el Distrito Federal, donde por cierto se ha contado con la complicidad de autoridades locales.

Y como jueces inescrupulosos no faltan, las acusaciones del Grupo Zaragoza avanzan en perjuicio de los citados periodistas que, como es explicable, carecen de dinero para pagar abogados, desplazamientos y otros gastos que generan los juicios, de modo que aun ganándolos quedan en una situación de quiebra empresarial y personal.

Es tan escandalosa la injusticia, que los colegas recurrieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la que ahora, un año después de interpuesta la queja, emite una recomendación dirigida al presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco para que ponga un alto al acoso judicial, en tanto que se piden aclaraciones al director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, pues la gerencia de Comunicación de la paraestatal niega publicidad a la revista, como una forma de venganza.

El caso exhibe la indefensión en que está sumido el periodismo en la era panista, en la que particulares y directivos de empresas del Estado se coluden para perjudicar a quienes exhiben manejos que deberían ser investigados por las autoridades judiciales, las que, por negligencia, ineptitud o algo peor, prefieren encogerse de hombros.

La misma triste realidad que tiñe la procuración e impartición de justicia se manifiesta de manera brutal en el encarcelamiento de las ciudadanas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, quienes fueron apresadas junto con la hoy liberada Jacinta Francisco Marcial, acusadas de secuestrar a seis agentes de la AFI, quienes deben ser muy ineptos, tontos o inútiles como para que tres mujeres sean capaces de retenerlos contra su voluntad.

La misma dejadez de la “justicia” o de quienes deben procurarla e impartirla se observa en el caso de la guardería ABC, de Hermosillo, donde murieron 49 niños como resultado de las decisiones de quienes dirigen el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hasta ahora no hay detenidos y por supuesto no se molestará a los altos funcionarios del IMSS, que son los verdaderos responsables.

En medio de ese desolador panorama, no resulta extraño que el Ejecutivo se empeñe en imponer como procurador general de la República a Arturo Chávez Chávez que, como procurador de Chihuahua, se limitó a llevar el registro de las muertas de Juárez o, peor aún, a Juan Miguel Alcántara Soria, que como procurador de Guanajuato acusó de homicidio a un joven escritor al que mantuvo en prisión hasta que un tribunal colegiado desechó todas las supuestas pruebas. Extraña idea tienen en Los Pinos de la justicia.

hum_mus@hotmail.com