La aspiración a los contados cargos públicos que pasan por la aprobación (o la exclusiva determinación) del Senado o de la Asamblea Legislativa —como el caso del ombudsman— en México, se desarrolla a la inversa de lo conveniente. La puja por la designación se vuelve un asunto de los que ambicionan el puesto y cabildean con los legisladores. En el esquema de las democracias avanzadas, la elección del ombudsman es un problema a resolver por las Cámaras y a éstas en su conjunto (las bancadas) le toca encontrar a la persona idónea y convencerla de aceptar tan elevada responsabilidad. Se acuerda el perfil y después a quienes buscar: se escoge —mediante votación de máximo consenso— entre tres prospectos que previamente aceptaron ser sometidos a esa ponderación. Así surge con el pleno respaldo parlamentario: fuente de su independencia de criterio, la independencia orgánica y funcional se la conceden sus atribuciones legales y el estatuto de autonomía financiera o presupuestal.

Para la CDHDF se han inscrito 24 aspirantes (convocatoria abierta), para la CNDH se habla de por lo menos una decena de nombres, unos serios y solventes para el reto, otros menos acreditados y, por ello, es sorprendente su atrevimiento o prematuro afán dada su trayectoria escasa en méritos todavía, otras simplemente impresentables por carencia de credenciales de autonomía respecto de quien ahora preside esas instancias y para el caso de la CNDH hay una candidatura que se desliza desde hace cinco años en campaña de imagen en medios y en foros nacionales e internacionales desde la CDHDF.

En ambos casos, los titulares salientes de la CNDH y de la CDHDF agotaron un segundo periodo al frente del organismo, dato que no debe ser ignorado. Desde luego que existe el derecho a la capilaridad institucional: la oportunidad de los mandos intermedios del ombudsman a suceder al titular que concluye su gestión. En el caso del ombudsman europeo, los jerárquicamente inferiores del Defensor del Pueblo (o sea los adjuntos o visitadores) suelen pasar por el respaldo parlamentario para asumir ese mandato; son merecedores de esa responsabilidad por una suerte de oposición al cargo que libran al arribar al mismo y eso les brinda una especie de estabilidad funcionarial dado que su remoción o readscripción corre el mismo trámite parlamentario. En cambio los visitadores y altos mandos de las referidas comisiones mexicanas son nombrados y removidos al libre criterio del titular. Sucederlo en esas condiciones es una fórmula de continuidad del saliente.

Dos periodos seguidos es mucho tiempo para quien fue titular y para el equipo que estuvo en la institución en un país en el que las oportunidades de representación política (por elección popular directa o indirecta como los mandatos que se obtienen por elección legislativa) son escasas, por lo que debería revisarse la reelección en estos encargos.

El esquema mexicano no contempla un mecanismo que garantice que los aspirantes externos de la oficina ombudsman y menos aún los ex titulares de uno local (CDHDF) se ubiquen en un plano de equidad en la competencia respecto de los aspirantes de afuera; es indiscutible que en estas circunstancias se verifica una ventaja natural a favor de los de adentro (visitadores o altos mandos) porque es muy probable que sus pronunciamientos y acciones se convierten en materiales de campaña para el objetivo a cargo del erario. En ese orden de ideas, los altos mandos que aspiran a suceder al titular —sería deseable— solicitaran licencia durante el proceso de licitación de sus cualidades para dicha eventualidad y así competir con objetiva igualdad a otros candidatos externos que no gocen de una plataforma institucional equivalente. Es urgente una reforma a la legislación que regulan a la CNDH y a la CDHDF a efecto de prever mecanismos que impidan disparidades en la legitima apetencia a una distinción excepcional que no puede ser vista como el trofeo que obtiene el cazador de la zorra en la campiña inglesa.

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