La LX Legislatura de la Cámara de Diputados recibió, durante sus tres años, dos mil 778 iniciativas de legisladores federales, del Presidente de la República y de los congresos de los estados (diez de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal). De ellas, fueron aprobadas 426 y 321 desechadas, las demás quedaron pendientes. Si evaluáramos a los legisladores por la cantidad de iniciativas presentadas y aprobadas, seguramente los resultados abonarían al descrédito del trabajo legislativo. Sin embargo, es importante considerar que los diputados y los senadores no sólo dictaminan iniciativas sino proposiciones, permisos, puntos de acuerdo, admiten nuevos estados y arreglan las diferencias entre los existentes; realizan juicios políticos y dividen sus actividades entre las plenarias de las sesiones ordinarias, las comisiones de trabajo ordinario (regularmente, pertenecen a tres), las especiales y las de amistad. Además, realizan el trabajo de gestoría en su respectivo distrito electoral.

En términos generales, podríamos decir que el Congreso de la Unión, constituido por las dos cámaras, la de Diputados y la de Senadores, tiene facultades legislativas y político administrativas y político jurisdiccionales y, por lo tanto, su función principal es el control jurídico, político y económico. De éstos, el más relevante es el tercero porque tiene que ver con la revisión, discusión y aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. Dentro de la división de poderes tripartita de nuestro país, los controles del Poder Legislativo al Ejecutivo es fundamental para la consolidación democrática y, por ende, con el fin de lograr la mejoría de vida de los ciudadanos. Durante más de 70 años, estos controles se vieron disminuidos o anulados por la hegemonía de un partido político. Éste lograba la Presidencia de la República, las gubernaturas de cada estado y la conformación mayoritaria en el Congreso de la Unión y en el de cada uno de los estados e incluso la gran mayoría de las presidencias municipales.

Desde el año 2000, México arribó a la alternancia del poder en el caso de la Presidencia de la República y, en del Congreso de la Unión, se ha mantenido una conformación plural, incluso, con una oposición mayoritaria.

En 2000 existían seis grupos parlamentarios y presencia de nueve partidos políticos. En la elección de 2003, la Cámara de Diputados quedó integrada por seis grupos y presencia de ocho partidos. En 2006 esa Cámara en especial vivió esa pluralidad, al quedar conformada por ocho grupos parlamentarios. Las elecciones de julio de este año nos arrojan un Congreso con siete grupos.

Esta conformación plural logró que el Congreso de la Unión tuviera una función de contrapeso al Ejecutivo federal y, en los tres años, modificara el presupuesto y lo dirigiera prioritariamente al gasto de desarrollo social. Evidenció problemas graves en el ejercicio del gasto de recursos públicos en diversos programas de los gobiernos federales y estatales, con las auditorías que realizó el organismo, además de la Comisión de Vigilancia y Cuenta Pública. Logró importantes reformas en la cuestión fiscal, económica y de inversión, en materia electoral y en la de seguridad pública y procuración de justicia, además de avances importantísimos en salud. Con respecto a la reforma energética, logró importantes acuerdos, reformó leyes existentes e impulsó nuevas por medio de un intenso cabildeo y debate público que desactivó un supuesto brote de insurrección por el tema del petróleo. Sin embargo, no consiguió combatir su mala imagen ante los ciudadanos (diversas encuestas de opinión le otorgan las calificaciones más bajas de aceptación de entre todos los actores reales del poder).

Por ello, el Legislativo, además de cumplir con todas sus funciones y controles de contrapeso y equilibrio, debe concentrarse en autorreformarse profundamente para lograr la legitimidad ante los ciudadanos, que esperan una disminución del número de legisladores, profesionalización del quehacer legislativo e incluso convertirla en una profesión respetable, eficaz y eficiente. Los legisladores deben impulsar la agenda del milenio, la social, tienen que legislar para generar nuevos y mayores espacios de participación ciudadana que sirvan de control social a la actividad de los tres Poderes. La transparencia en el ejercicio del poder no es un acto de buena fe, debe establecerse en la norma, supervisarla y sancionar si fuera necesario. Tiene que obligar al Poder Ejecutivo a buscar acuerdos para construir el Plan Nacional de Desarrollo y medir los alcances de las metas, con el objetivo de lograr un verdadero control económico cuando se discuten la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, y un verdadero control político durante la comparecencia de los secretarios de Estado. Si bien es cierto que, el lunes, en la comparecencia del secretario de Hacienda, vimos el rechazo a la política económica, no escuchamos la propuesta del Poder Legislativo en su conjunto. La oposición no sólo debe ser mediática y coyuntural, es indispensable que el Congreso de la Unión y los locales rescaten el papel preponderante del Legislativo y construyan un espacio alternativo de confrontación de ideas y búsqueda de acuerdos, para seguir transitando hacia la democracia, por la vía de las instituciones. No hacerlo es apostar a la vieja receta del partido hegemónico y no dimensionar una posible crisis política originada por el descontento social.

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