Desde hace más de tres años, la otomí Jacinta Francisco Marcial estuvo privada de su libertad en el penal femenil de San José el Alto, Querétaro, adonde fue llevada debido a la perversidad autoritaria que priva en los cuerpos policiacos y, sencillamente, porque siendo mujer e india las autoridades la consideran un ser indefenso, víctima propicia para toda clase de abusos.

Doña Jacinta se ganaba la vida en un tianguis de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco, en Querétaro, al que un día llegó un grupo de seis policías de la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, presuntamente en busca de mercancía robada o introducida al país de contrabando. Fieles a los hábitos policiacos, los genízaros hicieron gala de prepotencia y arremetieron contra los pequeños comerciantes, a los que hicieron víctimas de golpes, insultos y malos tratos.

La incursión policiaca derivó, como es costumbre, en el vil y descarado hurto de mercancía, lo que naturalmente encendió los ánimos e hizo que los comerciantes hicieran frente a los policías que pretendían huir con el producto de su robo. Por supuesto, se produjo un jaloneo por la mercancía y de ahí pasaron a los empujones y los golpes y finalmente los guaruras fueron sometidos por los locatarios, quienes exigían el pago de lo destruido, para dejarlos en libertad.

Los comerciantes aceptaron que algunos de los policías fueran en busca de dinero para reparar el daño, estimado en 70 mil pesos, y “en garantía” dejaron a un compañero. Pero los que se habían ido regresaron un rato después con refuerzos y nuevamente la emprendieron contra los comerciantes y detuvieron a tres mujeres: Teresa González, Alberta Alcántara y Jacinta Francisco.

Las tres fueron acusadas del secuestro de seis agentes de la AFI pese a que, como es evidente, las detenidas eran mujeres de baja estatura y una complexión que de ninguna manera compite con la corpulencia de los policías, quienes además están adiestrados en lucha cuerpo a cuerpo, manejo de armas, tácticas de combate y estrategias para hacer frente a motines.

Era del todo irracional y absurdo acusar a las tres mujeres de secuestro, pero hubo un agente del Ministerio Público, racista y misógino, que sostuvo esa acusación y un juez indolente y discriminador que descargó en ellas sus frustraciones y ordenó mantenerlas en prisión. Teresa González y Alberta Alcántara siguen presas pero Jacinta Francisco Marcial fue liberada .

El caso estuvo en manos del juez Rodolfo Pedraza Longi, quien actuó con la misma parsimonia legaloide y dispuso medidas que alargaron la estancia en prisión de Jacinta Francisco. Por ejemplo, dispuso la realización de 69 —¡69!— careos en los que participaron Juan Francisco Melo Sánchez, Luis Eduardo Andrade Macías, Jorge Evaristo Pineda Gutiérrez y Antonio Guadalupe Romero Rojas, cuatro de los policías federales inventores de la acusación, pues otros dos agentes no se presentaron, uno, Jorge Ernesto Cervantes, porque renunció a la corporación y ésta misma no es capaz de dar con su paradero y, el otro, Antonio Bautista, porque murió, y por fortuna el señor juez no insistió en su comparecencia.

El juicio ha sido un montaje artificial y monstruoso, tanto, que la Procuraduría General de la República, ante lo ridículo del caso, optó por no reiterar las acusaciones, pero el juez encargado de la causa alargó innecesariamente el juicio y mantuvo en prisión a la acusada, pese a que ya no había materia que juzgar.

El benemérito Centro Miguel Agustín Pro y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos han seguido el caso, incluida la CNDH, y brindan asesoría a las acusadas. Por tratarse de un caso escandaloso de acusación en falso, el asunto ha tenido repercusiones internacionales. La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos demanda investigar las anomalías ocurridas durante el proceso y que se respetara la presunción de inocencia, el derecho al debido proceso de las acusadas y que contasen con un perito traductor, pues si para un ciudadano de escolaridad universitaria resulta confusa e ininteligible la jerga jurídica, hay que imaginar lo que representa para una persona que tiene como lengua materna el otomí y se expresa con dificultad en español.

Hubo optimismo en la defensa y se consiguió que Jacinta Francisco Marcial fuera liberada y exonerada. Pero quedará pendiente, aparte de lograr la liberación de las otras dos mujeres, que el Consejo de la Judicatura demuestre que puede servir a la sociedad y tome cartas en el asunto para destituir y sancionar con todo rigor a los jueces que se prestaron a la impostura. Quienes representaron al Ministerio Público deben ser llamados a cuentas por la misma razón e igual debe ocurrir con los cinco policías, vergüenza de la AFI, por acusar en falso y mostrar de esa manera su ineptitud, su cobardía y su deshonestidad.

Con policías, fiscales y jueces que se dedican a perseguir y castigar a inocentes uno se explica por qué la criminalidad crece todos los días en forma incontenible.

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