Ningún país se escapa de los efectos negativos de la crisis económica mundial, pero son las naciones de economías emergentes, como la nuestra, las que mayor efecto negativo sufren. Algunos analistas internacionales ya avizoran tensiones sociales importantes y, por ende, la desestabilización política. Mientras en regiones como la europea ya se aprestan para reformular estrategias de reactivación económica, en nuestra zona empezamos a ver los estragos del incremento de la pobreza —como en Guatemala, en México, la crisis económica mundial nos puso de frente al Poder Legislativo y al Ejecutivo ante nuestro fracaso para fabricar políticas monetarias y cambiarias en relación y coordinación con políticas fiscales nacionales y reformas estructurales de vanguardia para blindarnos—.

Las circunstancias fortuitas internacionales se suman a las fallas de las políticas sociales y económicas del país. Por ello, vuelvo a reiterar la deficiencia de un Estado que se basa en el presidencialismo en donde el juego electoral se sustenta en un resultado de suma cero. Si los secretarios de Estado, que tuvieran bajo su responsabilidad el ejercicio del Poder Ejecutivo, surgieran de los integrantes del Congreso de la Unión, sería ahí en donde se analizara y construyera el Plan Nacional de Desarrollo que definiera metas para la rendición de cuentas. Estarían obligado los secretarios de Hacienda y de Economía a buscar en conjunto con sus homólogos legisladores las mejores soluciones de mediano y largo plazos para blindarnos de eventualidades y prever un desarrollo económico sano o por lo menos enfrentar con mayor efectividad las coyunturas, pero no sólo esa área estaría siendo beneficiada con esta forma de hacer política, sino también las de salud, seguridad pública, procuración de justicia, educación, desarrollo urbano y metropolitano y desarrollo social. Los legisladores podrían evaluar y estar atentos hasta dónde es necesario reformar y hasta dónde es indispensable actuar con eficacia, eficiencia y honestidad en el ejercicio gubernamental. La oposición y principalmente las minorías parlamentarias, podrían entonces ejercer su papel de control y el Congreso de la Unión trabajaría en la creación, discusión y aprobación de una Ley de Ingresos y un Presupuesto de Egresos con reglas equitativas y justas para el desarrollo de cada estado.

Actualmente, los grupos de oposición no se hacen corresponsables del fracaso de las políticas públicas impulsadas por el gobierno en turno, porque en la práctica la concentración de poder le permite al Presidente inventarse su Plan Nacional de Desarrollo y la integración de su presupuesto y, en época de emergencia, inventarse un 2% de impuesto a todo. Si se equivoca, es su problema, pero, en realidad: ¿es su problema? Por supuesto que no sólo es su problema, los que mayor costo tienen con esta forma de organización son los ciudadanos que, rehenes de experimentos de sexenios y, ahora, del efecto de la alternancia en el poder, ven, con frustración, disminuir su poder adquisitivo y su vida sin grandes expectativas de desarrollo individual, familiar o social.

En el contexto de la discusión de los trabajos de la Reforma del Estado de la pasada Legislatura se hicieron una serie de propuestas para transformar el régimen presidencial pero, lamentablemente, esto no fue posible ni siquiera discutirlo porque existió la oposición de aquellos actores (principalmente los partidos políticos mayoritarios) que veían la disminución en términos reales del poder del Presidente. Hoy, ante el escenario de una posible crisis política, se hace indispensable que cada quien asuma su responsabilidad y genere las condiciones para darle ese poder al Congreso de la Unión, considerando que es ese el espacio plural, en donde se podría dirimir, debatir, confrontar y arribar a acuerdos para actuar contra todos aquellos intereses creados que se generaron a principios de siglo y han sido nocivos para nuestro desarrollo económico, como los monopolios y los sindicatos con actitudes de control clientelar y corporativo, entre otros.

Sin embargo, no basta que el Congreso de la Unión pueda realizar este papel, es impostergable integrar “el Constituyente Permanente”, es decir, el Congreso de la Unión en conjunto con los locales, en una gran asamblea, ahora no para hacer una constitución política sino con el fin de crear un proyecto de emergencia que construya y apruebe un Plan Nacional de Desarrollo a largo plazo que incluya, como prioridad, la política económica, la seguridad pública y la procuración de justicia, la laboral y la educativa, en un primer tiempo, sin simulaciones y con todo el compromiso de construir las políticas públicas y las reformas necesarias para lograrlas, anteponiendo siempre el interés de los ciudadanos.

Aún más, abonando a esta indiscutible necesidad de generar condiciones horizontales de participación ciudadana, es imperioso que los congresos locales integren a los municipios y los cabildos al análisis de estos temas. La organización institucional es la principal herramienta de las transformaciones por la vía de la paz, no utilizarla genera vacíos que aprovechan los grupos fácticos ilegítimos, como el crimen organizado.

Si bien es cierto que tenemos mucho que juzgar de lo erróneo de algunas políticas públicas del Ejecutivo, que ya han demostrado su fracaso, también es cierto que es el momento de actuar con responsabilidad y generosidad hacia nuestro pueblo. Y no el de avizorar ventajas esperando que el gobierno fracase y haya una revuelta social.

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