Impulsar un régimen parlamentario en nuestro país no es una novedad, esta ha sido propuesta de los grupos progresistas, por ejemplo, la Convención de Aguascalientes, para rescatar el espíritu de la Constitución de 1857, propuso una serie de conceptos y cambios que incluía la adopción del régimen parlamentario.

Los planteamientos de la convención fueron sintetizados por Vito Alessio Robles, uno de los cuatro secretarios que estuvo en ese Congreso: “destrucción del latifundismo; reivindicación de la propiedad de la Nación; prohibición de los monopolios; libertad de empresa; efectividad del sufragio con la adopción de procedimientos que evitarán la participación indebida de las autoridades y de los intereses particulares en las elecciones y castigo a quienes cometiesen fraudes electorales y abusos; adopción del parlamentarismo como sistema de gobierno; respeto a la autonomía municipal y ejercicio efectivo de la soberanía de los estados; reconocimiento de los derechos sociales de los trabajadores; protección a los niños; emancipación de la mujer; educación laica; reorganización del ejército nacional y regularización de la hacienda pública”.

Uno de los principales impulsores era el presidente Madero, después de su muerte, Carranza retomó las riendas del país promovió la Constitución de 1917, la cual estableció el presidencialismo y combatió el parlamentarismo y, para legitimar aún más al Ejecutivo, se estableció su elección de forma directa, así el presidente no quedaba bajo el yugo del Legislativo y se sostenía en la decisión libre del pueblo. Según Carranza, el parlamentarismo buscaba acotar las facultades del presidente mediante una comisión que se denominaría “gabinete”, según él (al igual que lo pensaron Juárez, Lerdo y Díaz), México requería un presidente fuerte, personal y con la libertad de actuación.

Al revisar la historia de cómo se conformó el Estado liberal y se construyó el presidencialismo, podemos deducir cómo el papel del parlamento fue disminuyendo hasta convertirse en un apéndice del Poder Ejecutivo.

La concentración del poder en la figura del caudillo fue posible porque, en el caso del órgano legislativo, se constituía hegemónicamente por hombres y mujeres que emanaban de un solo partido político y, en el caso del órgano que se denomina judicial, sus integrantes eran elegidos a partir de la propuesta del presidente y ratificados por el órgano legislativo. En los dos casos, en el del órgano legislativo y el presidente, emanaban por más de 70 años de un sólo partido.

Fue hace menos de una década, después de una serie de movimientos sociales y reformas políticas, cuando el sistema mexicano vivió una transición sustentada en la competencia electoral, el fortalecimiento del sistema de partidos y el surgimiento de controles en el marco normativo constitucional, la autonomía del Instituto Federal Electoral, el reempadronamiento de los electores, la redistritación de forma equitativa dependiendo del porcentaje de población, la cláusula de gobernabilidad, la ciudadanización de la dirección de los órganos calificadores de las elecciones no sólo en el ámbito federal sino local y la constitución del Tribunal Federal Electoral, permitiendo que se abriera la posibilidad de la alternancia del ejercicio del poder y con ello una división real del poder.

Estamos frente al fin de una época y ante el inicio de una nueva. Por eso conviene reflexionar sobre la importancia de un gran pacto nacional que reforme al Estado de fondo.

Tal es el contexto que rodeó a la Reforma del Estado, que se formalizó con la Ley para la Reforma del Estado, publicada en el Diario Oficial el 13 de abril de 2007. Esa ley creó la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, en el seno de la cual se formaron cinco grandes grupos de trabajo, uno de ellos dedicado al tema régimen de Estado y gobierno, las sugerencias y conclusiones de este grupo van desde el reforzamiento del sistema presidencial hasta la adopción de la fórmula parlamentaria, pasando, obviamente, por esquemas intermedios como el gobierno de gabinete.

En lo particular, ante la eminente llegada al ejercicio del poder nuevamente de un partido hegemónico, defiendo la posibilidad de lograr el arribo a un régimen de democracia parlamentaria, esta es conveniente para los fines de la participación y la negociación en una sociedad plural como la nuestra. El parlamento debe ser el espejo de la nación y el impulsor de una nueva cultura de participación local. El sistema parlamentario de gabinete es más “flexible” para gobernar sociedades plurales precisamente porque permite la discusión, la negociación, el compromiso y la inclusión de diversas fuerzas en el poder, el juego de pesos y contrapesos va acompañado de la obligada negociación para alcanzar las metas que mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos

Es decir, ante el actual panorama, se hace indispensable concluir la Reforma del Estado, el primer avance sería concretar el gobierno de gabinete a nivel federal, pero también a nivel estatal, además de esta reforma, se hace indispensable la incorporación del municipio al Pacto Federal y la posible reelección de los presidentes municipales; la aprobación de la ley de participación ciudadana que incluya el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular y la reelección de los legisladores, abonaría a la consolidación democrática por medio de una nueva cultura de la participación ciudadana.

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