La reforma fiscal ha vuelto a la agenda pública. Usted se preguntará, amable lector, ¿por qué el tema está de nuevo de moda pues, según las autoridades, hace unos años se concretó, justamente, una reforma fiscal? De hecho, tanto los diputados como el Presidente de la República celebraron el “gran” acuerdo al que llegaron. Sí: así fue. Pero ahora resulta que siempre no. Claro: lo que se aprobó al poco de tiempo de iniciado el sexenio (el IETU y algunas modificaciones al régimen fiscal de Pemex) no era una reforma, se trató más bien de algunos cambios al sistema fiscal. Así, es necesario que abramos los ojos: nos urge una auténtica reforma en ese ámbito.

Dicho lo anterior, resaltemos que los ingresos del sector público mexicano son de alrededor de 23% del PIB. De estos 23 puntos, 9.5 provienen de ingresos tributarios directos e indirectos, ocho constituyen ingresos petroleros, 1.3 es producto de la seguridad social y los restantes 4.2 corresponden a fuentes varias. De los 9.5 puntos porcentuales del PIB recaudados vía tributación, alrededor de cuatro provienen de impuestos indirectos (principalmente el IVA), mientras que los otros 5.5 proceden de directos (sobre todo el IETU y el ISR).

Ahora bien, en los países de la OCDE, los ingresos del sector público promedian 35% del PIB. Asimismo, Chile recauda, nada más por vía directa, 8.2% de su PIB, Argentina 8.5% y Brasil 11.2%, cifras todas por encima de lo que se recaba directamente en México: la recaudación mexicana es baja, tanto en comparación con países desarrollados como con algunos similares a México mismo. Entre otras cosas, lo anterior significa que, de no ser por la industria petrolera, se obtendría incluso menos, cuestión que preocupa; el petróleo no es eterno. Además, se trata de una materia prima por lo que, cuando la economía mundial sufre, según ocurre hoy en día, su precio cae, y los países como México se llevan un golpe severo. De hecho, el fisco mexicano, al depender del petróleo, no tiene capacidad para hacer frente a contingencias severas asociadas a un desplome de la economía mundial; justamente lo que sucede en estos momentos, razón por la cual llevamos ya dos cortes presupuestales de magnitud considerable.

Lo apuntado implica que, sin reforma fiscal, las autoridades deberán endeudarse y/o ajustar su presupuesto inclusive más. Esto no conviene, pues, por un lado, el gasto gubernamental genera actividad económica y, por el otro, más deuda significa que, tarde o temprano, se tendrá que lograr la mencionada reforma de todos modos; de otra manera, va a ser difícil pagar la deuda contraída. En otras palabras, bien haríamos en, ahora sí, solucionar a fondo el problema originado por la poca recaudación fiscal.

Es importante destacar que, de los 50 millones de mexicanos que conforman la Población Económicamente Activa, cerca de 12 millones constituyen la economía informal: no pagan impuestos directos. Estas personas deben ser incorporadas al régimen fiscal. Claro está que muchas de ellas —casi 80%— no ganan lo suficiente para pagar ISR —de hecho, con el sistema vigente, habría que darles créditos fiscales—, pero el restante 20% sí. Además, en todo caso, una vez que todos los que laboran en la economía informal estén incorporados al sistema, éste tendría que ser modificado para que todo mexicano que trabaje pague impuestos directos, aunque sea sólo simbólicamente.

Hay que considerar también la introducción de IVA diferenciado, porque recaudar el IVA es relativamente fácil. Asimismo, hacerlo diferenciadamente podría coadyuvar a que nuestra sociedad sea equitativa: los bienes de lujo pagarían tasas más elevadas que los básicos, al mismo tiempo que, algunos de éstos, quedarían gravados a tasa cero. De esta manera, quienes más ingresos tienen contribuirían más al fisco y, quienes menos tienen, no sufrirían en términos de poder adquisitivo.

Finalmente, hay que gastar mejor y simplificar el pago de impuestos. De hecho, es inaceptable plantear una reforma fiscal sin considerar para qué se utilizan los recursos públicos y el esfuerzo “tramitológico” que los ciudadanos hacemos con el fin de cumplir con nuestras obligaciones. Así, es necesario que, entre otras cosas, los altos funcionarios ya no gocen de privilegios exorbitantes, que las bancadas en el Congreso no cuenten con partidas de cientos de millones de pesos y que los trámites ante el SAT sean sencillos. Asimismo, la educación, la salud y la política social necesitan más recursos. Y urge que la fiscalización del gasto público sea implacable.

Esperemos, pues, que, ahora sí, se dé una reforma fiscal de verdad: es apremiante.

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