“Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, era la edad de la sabiduría, era la edad de la estulticia, …” Así comienza Charles Dickens Una historia de dos ciudades, su clásica novela sobre la Revolución Francesa. Se trata de una historia de contrastes que transcurre entre Londres y París durante el último cuarto del siglo XVIII. La primera disfrutaba de una paz y una prosperidad relativas, mientras que la segunda se sumergía en un periodo de inestabilidad y violencia política. El título y el motivo de la novela de Dickens vienen a la mente al observar la política venezolana.

México y Venezuela parecen dirigirse en direcciones opuestas, al menos en lo que a la política se refiere. Desde cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1998, el país sudamericano ha experimentado un rápido proceso de concentración del mando en la figura del presidente de la República. Por el contrario, desde 1997, año en el que por vez primera el PRI perdió la mayoría en el Congreso, en México se han venido activando fuertes contrapesos políticos al poder presidencial. De hecho, “la presidencia imperial”, como la llamó Enrique Krauze, es hoy en día cosa del pasado.

Ayer Venezuela dio un paso más en el camino de la concentración del poder político. Como en las ocasiones anteriores, lo ha hecho por aclamación popular. La nación sudamericana acudió a las urnas para ratificar una serie de cambios a la Constitución propuestos por el gobierno de Hugo Chávez.

Según las encuestas a pie de urna, tal como ha ocurrido en los tres referéndums anteriores, el gobierno ha conseguido nuevamente la victoria.

Esta vez por un margen de entre seis y ocho puntos porcentuales, según resultados preliminares, los venezolanos han dado su consentimiento para que se remueva el obstáculo constitucional que impedía la reelección indefinida del presidente de la República. Chávez ha declarado su intención de permanecer de por vida en el cargo, para ver realizado su sueño de convertir a Venezuela en un Estado socialista.

Además de la posibilidad de reelegirse, Chávez ha ganado con el referéndum nuevos poderes para la presidencia: el control unilateral sobre las reservas monetarias del país, el nombramiento directo de cargos que hasta ahora eran de elección popular y la autoridad de censurar a los medios de comunicación, previa declaratoria de emergencia nacional emitida por el titular del Ejecutivo.

La experiencia venezolana tiene desde luego relevancia para México. Desde hace un tiempo prevalece una visión pesimista con respecto al futuro de nuestra joven democracia. Sus propagadores advierten que los contrapesos al poder presidencial especialmente, la falta de una mayoría garantizada en el Congreso la hacen proclive a la parálisis y el inmovilismo. Argumentan que la falta de acuerdos en el Poder Legislativo prueba la incapacidad de nuestra democracia presidencial de responder a las demandas de la sociedad. Prescriben una cirugía mayor a la Constitución, sin la cual la cooperación entre los partidos políticos, necesaria para el funcionamiento de nuestra democracia, seguirá siendo deficiente.

La evidencia, sin embargo, muestra una historia distinta. De 1997 a la fecha, México ha vivido un periodo de activismo legislativo sin precedentes. El número de iniciativas presentadas se ha multiplicado por diez. Asimismo, el volumen de legislación aprobada es cuatro veces mayor que en los tiempos del PRI. El Presidente de la República dejó de ser el gran legislador. Hoy en día, las iniciativas del Ejecutivo representan menos del 15% de la legislación aprobada en el Congreso.

Más legislación no es necesariamente una buena noticia. Sin embargo, detrás de cada iniciativa aprobada hay un acuerdo entre varios partidos. Contra la versión pesimista, los adversarios electorales cooperan entre sí en la generación de cambios legislativos. Un dato que a menudo pasa desapercibido es que, desde 1997, el peso de las iniciativas promovidas por los partidos de oposición en el volumen de legislación aprobada es mayor que el del Presidente y su partido juntos. Gobierno dividido como se la ha dado en llamar a aquella situación en que el partido del mandatario no tiene mayoría en el Congreso ha significado en la práctica gobierno compartido.

Como lo hemos visto en el primer año de gobierno del presidente Calderón, nuestro sistema a pesar de sus múltiples defectos tiene una gran virtud: premia la moderación y castiga el radicalismo. Quien se aparta de las negociaciones, sale perdiendo. Quien asume posiciones centristas, prevalece en los acuerdos.

El contraste con Venezuela no podría ser mayor. Para Chávez, negociar es capitular. Su salida como lo hicieron Napoleón, Hitler y Mussolini en su momento ha sido recurrir al pueblo mismo para eliminar contrapesos y aniquilar al adversario. El resultado es el triunfo del radicalismo y la intolerancia mediante métodos aparentemente democráticos.

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Benito Nacif