“La aceptabilidad de la derrota […] es lo que define a un sistema democrático maduro”. Estas son las palabras de Felipe González, ex presidente del gobierno español, pronunciadas en una conferencia que el IFE organizó en septiembre de 1999. González sabía lo que era el triunfo en política. Ganó cuatro elecciones generales consecutivas. Pero también conocía la derrota. Antes de llegar a la presidencia del gobierno había perdido dos elecciones. En 1996 la tercera y última, la que puso fin a su brillante carrera política.

Esta experiencia hizo que la idea de la “aceptabilidad de la derrota” —originalmente concebida y desarrollada por el politólogo de origen polaco Adam Przeworski— se transformara en una “profunda convicción” personal. “La aceptabilidad de la victoria —decía González— es facilísima”. Todo el mundo está dispuesto a ganar. Lo verdaderamente difícil es admitir la posibilidad de perder y, sobre todo, reconocer la derrota cuando los resultados electorales así lo indican.

Pero la aceptabilidad de la derrota no es producto de un acto generoso o altruista de los contendientes, sino consecuencia de una serie de condiciones. Se trata de condiciones definidas por reglas e instituciones; reglas que regulan la convivencia política entre actores con intereses encontrados e instituciones que garantizan su observancia. Sin instituciones no hay cumplimiento de reglas, sin reglas, no hay orden democrático.

En México, la democratización ha sido resultado de una serie de acuerdos orientados a establecer esas condiciones para la aceptabilidad de la derrota. Los acuerdos se lograron tras rondas sucesivas de negociación en las que una pujante oposición extrajo concesiones al otrora partido hegemónico bajo la forma de garantías para la realización de elecciones limpias y justas.

El IFE nació en 1990 como parte de este proceso. Su misión principal fue resolver el problema de la credibilidad y la confianza en los procesos electorales. La clave para entender el significado de la nueva institución está en lo que se dejó atrás. Antes del IFE, las elecciones eran organizadas por uno de los poderes, mientras que otro las calificaba. Se buscaba resolver el problema de la credibilidad y la confianza a partir del viejo sistema de separación de poderes. Pero la verdad es que nunca funcionó. Ni antes ni durante el largo periodo en el que prevaleció la hegemonía de un solo partido.

La solución IFE consistió en sacar la organización de las elecciones del esquema tradicional de separación tripartita de poderes, mediante la creación de un órgano constitucional autónomo. La autonomía fue en un principio limitada. A pesar de que los “consejeros magistrados” eran el fiel de la balanza, el secretario de Gobernación siguió presidiendo el Consejo General del IFE y los representantes de los partidos políticos no tuvieron derecho a voto sino hasta 1996.

La reforma electoral concretada ese año completó el nuevo modelo del órgano autónomo. Sacó a la Secretaría de Gobernación de la organización de las elecciones, dejó a los representantes de los partidos políticos y el Poder Legislativo en el Consejo General, pero sin derecho a voto, e introdujo la figura de consejeros electorales.

Las garantías de autonomía del IFE son múltiples. Una parte crucial del modelo naciente tenía que ver con las condiciones de acceso y el desempeño del cargo de consejero electoral, incluido el consejero presidente. Se establecieron periodos de servicio relativamente largos y la necesidad de mayorías calificadas para removerlos del cargo.

Pero el sello distintivo del modelo IFE fue el mecanismo para la designación de los consejeros electorales. Se puso a la Cámara de Diputados a cargo del nombramiento mediante el voto de dos terceras partes. Este mecanismo se estableció con el fin de evitar la imposición de la voluntad de un partido y garantizar que la formación del Consejo General fuera producto del consenso de las principales fuerzas políticas.

Después de la reforma de 1996, el IFE organizó tres elecciones federales de forma exitosa. Parecía que, tras una larga serie de ajustes a las reglas y a las instituciones electorales, por fin se habían establecido las condiciones que garantizaban la aceptabilidad de la derrota. Sin embargo, la crisis política desatada tras la elección presidencial de 2006 volvió a sembrar la duda con respecto a la transición democrática en México. ¿Hemos andado en círculo durante estos 18 años?

El conflicto y la incertidumbre política que siguieron a las elecciones de 2006 obligaron a los partidos a iniciar una nueva ronda de negociaciones con el fin de redefinir las condiciones para la aceptabilidad de la derrota. El resultado ha sido una revisión a fondo de las instituciones electorales, particularmente en lo relacionado con el acceso de partidos políticos a radio y televisión. Sin embargo, la reforma de 2007 no constituye un rompimiento con el pasado. El modelo IFE sigue vigente y no parece haber un mejor mecanismo para garantizar confianza y credibilidad entre los contendientes.

benitonacif@gmail.com

Consejero electoral del IFE

La crisis política desatada tras la elección presidencial de 2006 volvió a sembrar la duda con respecto a la transición democrática en México. ¿Hemos andado en círculo durante estos 18 años?